El campo no solo es la despensa agrícola de las ciudades, también es el lugar donde muchas veces están los nacimientos de agua, los bosques, y otros componentes esenciales para la vida humana. Pero estos espacios en el departamento vienen siendo arrasados.
Aunque son múltiples las amenazas a estos tesoros naturales que además son suelos donde se cultivan los alimentos que se consumen en las ciudades, hay una que viene aumentando en los últimos años. Se trata del uso de suelos rurales y de protección para urbanizarlos, es decir para construcciones de viviendas, establecimientos comerciales, entre otros.
En entrevista con el Diario del Otún, el director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Cárder), Julio César Gómez, señaló que “los suelos rurales y los suelos de protección vienen siendo altaneramente urbanizados, ocupados, desconociendo la estructura ecológica principal, sin tener en cuenta las condiciones ambientales del territorio, sin tener en cuenta los temas de sostenibilidad hídrica y manejo de vertimientos, sin tener en cuenta todo lo que es la consideración por los suelos agrológicos Y lo que nosotros llamamos la seguridad alimentaria de las regiones”.
Y esta amenaza no es solo por cuenta de propietarios de este tipo de suelos que los utilizan para construir condominios o casas campestres, también está la problemática de las reubicaciones de poblaciones vulnerables que viene realizando el Gobierno nacional.
“Nos ha venido preocupando como desde el Gobierno nacional se vienen instando a ciertas comunidades a llegar a esos territorios sin tener el menor diseño de infraestructura adecuada para esas familias”, acotó el Director de la Cárder.
Actualmente en Risaralda se presenta uno de estos casos. A Marsella, específicamente a la vereda La Palma, llegó recientemente una comunidad indígena desde Bogotá, a un predio que no cuenta con la disponibilidad de agua, y no se le consultó a las autoridades departamental, municipal, ni tampoco a la autoridad ambiental.
Es importante destacar que los suelos rurales y de protección combinan en muchos casos dos condicionantes, la primera es que es la tierra fértil para el cultivo, al tiempo que son los ‘hogares’ de humedales, ríos, quebradas y relictos de bosques.
Caso Miralindo
Este predio ubicado en La Virginia, iba a ser destinado para el traslado del Batallón San Mateo, para que en el terreno donde hoy está dicha guarnición militar, se construyera el Gran Parque San Mateo.
Tras la decisión de mover el Batallón, la destinación de Miralindo quedó en el limbo, sin embargo desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se llevó a cabo el año pasado una reunión con comunidades campesinas, en la que se mencionó que ese predio que perteneció a un reconocido narcotraficante de la región, se utilizaría para la reubicación de dichas comunidades.
Todo indica que esta reubicación pasará más temprano que tarde. “Fuimos informados que este fin de semana nos va a llegar una amplísima comunidad campesina al sector de Mira Lindo, que es precisamente el único bosque seco tropical que nos queda, un territorio que lo hemos venido conservando porque para la condicionante de sostenibilidad territorial de Rizaralda es muy importante”, recalcó Gómez.
Pie de foto: Tras conocerse la destinación que tendría Miralindo el año pasado, las autoridades del departamento solicitaron a la ANT revisar la posibilidad de dar otro terrenos para la reubicación de las familias campesinas, teniendo en cuenta la importancia de dicho predio.
