La transición entre el Gobierno de Gustavo Petro y la administración entrante abrió un nuevo debate político tras la solicitud del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, de suspender los nombramientos que la Unidad Nacional de Protección (UNP) pueda realizar con base en el Decreto 0670 de 2026.
La petición fue respondida por el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quien defendió la facultad del actual Gobierno para continuar ejerciendo plenamente sus funciones hasta el último día del mandato presidencial.
A través de sus redes sociales, el funcionario recordó que la administración de Gustavo Petro permanecerá en ejercicio hasta el 7 de agosto de 2026 y aseguró que existe una obligación constitucional de seguir tomando decisiones dentro de las competencias legales establecidas.
«Es necesario recordarle una obviedad al vicepresidente electo: el Gobierno termina el 7 de agosto y, hasta ese día, tenemos la obligación constitucional de ejercer nuestras competencias legales. No hacerlo puede llevar a faltas disciplinarias y a un vacío de poder», expresó Cuervo.
La controversia surgió luego de que Restrepo solicitara al director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, revisar cualquier proceso de provisión de cargos sustentado en el Decreto 0670 de 2026 durante el periodo de empalme.
El decreto, expedido el pasado 26 de junio, establece requisitos alternativos de formación y experiencia para los cargos de Oficial de Protección, con el propósito de ampliar las condiciones de acceso a estos empleos, según ha explicado el Gobierno Nacional.
En su comunicación, Restrepo señaló que la norma no obliga a realizar nombramientos de manera inmediata y consideró que, debido al proceso de transición, cualquier decisión relacionada con nuevas vinculaciones debe analizarse con especial cautela.
Asimismo, pidió a la UNP informar si existen procesos de selección en curso bajo el nuevo decreto, detallando el número de vacantes, el estado de cada convocatoria, los fundamentos jurídicos y técnicos de las decisiones adoptadas, los actos administrativos expedidos y el impacto presupuestal que tendrían antes del cambio de Gobierno.
El pronunciamiento del ministro de Justicia se suma a otras voces del actual Gobierno que defienden la autonomía de la administración saliente hasta la finalización de su periodo constitucional. Incluso, el presidente Gustavo Petro afirmó en sus redes sociales que continuará ejerciendo sus funciones hasta el último minuto de su mandato.
Mientras tanto, desde distintos sectores también se han planteado propuestas para fortalecer el proceso de transición. El constitucionalista Martín Eduardo Botero sugirió la creación de un Observatorio Jurídico de la Transición Presidencial, integrado por expertos independientes, con el objetivo de documentar y analizar las decisiones adoptadas entre la elección del nuevo Gobierno y su posesión, promoviendo mayor transparencia e institucionalidad durante este periodo.
