Por Pilar Salcedo Jiménez
A medida que avanza la contienda presidencial, cada candidato empieza a posicionar propuestas clave para atraer al electorado en temas como recursos públicos, salud, seguridad y agenda social. ¿Qué tan viables son estas propuestas?
Mientras se definen alianzas entre partidos tradicionales y otros movimientos políticos los candidatos presidenciales intensifican sus recorridos por el país presentando iniciativas que van desde reducción de los salarios de altos funcionarios públicos, subsidios al SOAT y ampliación de programas sociales, hasta estrategias de seguridad y apoyo al emprendimiento femenino.
La discusión sobre la reducción de los salarios de altos funcionarios públicos volvió a aparecer en el escenario electoral, aunque no se trata de una iniciativa nueva.
El analista Carlos Charry, señala que esta propuesta ha sido presentada en varias ocasiones por candidatos y gobernantes, pero no ha tenido mayor avance en el Congreso de la República, instancia encargada de modificar o expedir las normas que regulan los salarios del sector público.
El planteamiento suele tomar fuerza en época electoral, en este caso, el candidato Iván Cepeda, lo anunció en una de sus intervenciones.
Desde Buga, Cepeda indicó que reduciría los salarios de altos funcionarios como primer acto de gobierno, entre otros diez puntos.
“Empezaremos por dar ejemplo en la casa de Nariño. El día de mi posesión expediré el decreto reduciendo salarios de altos funcionarios del Gobierno, comenzando por el Presidente de la República”.
En concepto del analista Carlos Charry, una verdadera reforma ética del Estado no debería limitarse a reducir salarios, sino a revisar de fondo el tamaño de la estructura burocrática, la pertinencia de los cargos y el modelo de contratación pública.
En ese sentido, advierte que buena parte de los funcionarios vinculados al Estado en Colombia lo hacen mediante contratos de prestación de servicios, una modalidad que genera inestabilidad y precarización laboral, pero que al mismo tiempo representa un alto costo para las finanzas públicas.
“Si realmente se quisiera avanzar en un correctivo de fondo, el debate tendría que concentrarse en una reducción del tamaño del Estado, en la revisión del número de contratistas y en la necesidad de determinar qué cargos son realmente necesarios dentro de la administración pública”, afirma el analista.
¿Ni pies ni cabeza?
Por su parte, Abelardo de la Espriella expuso en Popayán su estrategia contra grupos criminales, basada en una política de mano dura frente al narcoterrorismo.
“Caerá la mano de hierro del Estado. Declaro objetivo militar a todos esos narcoterroristas que sabrán a partir del 7 de agosto, lo duro que muerde el tigre”.
El defensor de víctimas, Eisenhower Zapata, señaló que se trata de una propuesta sin mayor sustento, pues, en la práctica, estos grupos ya son considerados objetivos del Estado cuando se levantan en armas o atentan contra el orden constitucional y la estabilidad institucional.
“Esa propuesta no tiene ni pies ni cabeza. Los grupos al margen de la ley, cualquiera que sea su naturaleza, ya son objetivos. Lo que varía es el grado de importancia o prioridad que se les dé, según su estructura y nivel de mando dentro de una organización criminal”, señaló.
Zapata sostuvo que no es lo mismo perseguir a un integrante de menor rango que a un cabecilla de alto valor, por lo que las acciones del Estado deben responder a criterios de jerarquía, impacto y peligrosidad. “No es lo mismo capturar a un delincuente de menor nivel en Dosquebradas que ir tras alias ‘Chiquito Malo’. Todo depende de la categoría que tenga dentro de la organización”, indicó.
No obstante, advirtió que en Colombia no pueden existir delincuentes de primera, segunda o tercera categoría, especialmente cuando algunos grupos armados ejercen influencia política y control territorial en distintas zonas del país.
“El Estado colombiano está llamado a combatir a todos los grupos que se alcen en armas, que atenten contra la ley, contra el orden constitucional o contra la población civil. Mucho más cuando han afectado a líderes sociales, firmantes de paz y distintos liderazgos en los territorios”, sostuvo.
Para Zapata, la propuesta de De la Espriella responde más a una estrategia de corte populista, enfocada en el discurso de seguridad como eje central de campaña. Aunque también cuestionó los resultados de la política de paz total del actual Gobierno, a la que calificó como un fracaso, señaló que este tipo de planteamientos hacen parte de las estrategias electorales para ganar respaldo en las regiones.
Datos de interés
En Pereira, Paloma Valencia anunció que presentará un proyecto de ley para que las motos de hasta 250 cc no paguen SOAT y sea asumido por el Estado, eliminando el pago directo por parte de los usuarios y garantizando la cobertura sin afectar a hospitales ni aseguradoras.
Claudia López plantea fortalecer los sistemas de apoyo en emprendimiento, salud y protección social con enfoque en las necesidades de las mujeres trabajadoras.
