La medida cobijaría a cabecillas del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, entre ellos alias “Chiquito Malo”, y aplicaría únicamente para su desplazamiento hacia zonas de ubicación temporal en Córdoba y Chocó.
El Gobierno nacional solicitó la suspensión de las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, también denominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, como parte de los preparativos para un eventual proceso de conversación sociojurídica con esa estructura armada.
La decisión incluiría a varios cabecillas de la organización, entre ellos Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, señalado como máximo jefe del grupo tras la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”. También figuran nombres como Tatiana Andrea Correa Jaramillo, José Francisco Peña y Luis Enrique Martínez Cogollo, según reportes conocidos este 8 de mayo.
De acuerdo con la información divulgada por Caracol Radio, la suspensión cobijaría incluso órdenes de captura con fines de extradición, pero tendría un alcance limitado: permitiría la movilización de los integrantes incluidos en el listado hacia zonas de ubicación temporal definidas por el Gobierno.
Los desplazamientos estarían previstos a partir del 25 de junio de 2026 hacia dos puntos específicos: Tierralta, Córdoba, y Belén de Bajirá, Chocó. La medida no implicaría libertad plena de movimiento, sino una autorización restringida para facilitar el traslado hacia esos lugares en el marco de los acercamientos con el Gobierno.
El nuevo paso se produce después de un antecedente reciente. En marzo de 2026, el Gobierno había revocado una resolución que suspendía órdenes de captura contra alias “Chiquito Malo” y otros miembros del Clan del Golfo, debido a que no se concretó el traslado de integrantes de esa estructura hacia las zonas temporales acordadas dentro del proceso. Esa decisión quedó consignada en la Resolución OCCP 070 del 9 de marzo de 2026, según reportaron medios nacionales.
El proceso con el Clan del Golfo ha estado marcado por tensiones. En febrero, el grupo anunció la suspensión provisional de los diálogos con el Gobierno después de que el presidente Gustavo Petro se comprometiera ante Estados Unidos a avanzar en capturas contra jefes del narcotráfico, entre ellos alias “Chiquito Malo”.
Aunque el Gobierno busca encauzar una conversación de carácter sociojurídico, el Clan del Golfo sigue siendo señalado como una de las estructuras criminales más poderosas del país, con presencia en varias regiones y participación en economías ilegales. Por eso, la suspensión de capturas genera debate político y judicial, especialmente por el alcance que tendría frente a personas requeridas por delitos graves y por solicitudes de extradición.
La medida, según lo conocido hasta ahora, estaría condicionada al cumplimiento estricto de los desplazamientos hacia las zonas definidas. En caso de que los integrantes incluidos en el listado no acaten esas condiciones, las autoridades podrían reactivar las órdenes de captura, como ya ocurrió con una resolución anterior.
Dato clave:
La suspensión no equivale a una desmovilización ni a una amnistía. Es una medida temporal y restringida para facilitar el traslado de los integrantes incluidos en el listado hacia zonas de ubicación previamente definidas por el Gobierno.
