Por Juan Manuel Quintero
Durante décadas hemos visto repetirse la misma escena: gobernadores y alcaldes viajando a Bogotá para conseguir una cita en un ministerio, defender un proyecto o solicitar recursos que sus territorios necesitan con urgencia. Mandatarios elegidos popularmente que, al llegar a la capital, terminan reducidos a gestores, esperando que algún funcionario nacional encuentre un espacio en su agenda para escucharlos.
Por eso resulta importante que el presidente electo Abelardo de la Espriella haya anunciado que se posesionará por fuera de Bogotá, realizará empalmes en los departamentos, promoverá a Barranquilla (ojalá también Medellín y Cali) como capital alterna y establecerá una relación directa con las autoridades territoriales. Su afirmación de que se acabará la época en la que los alcaldes debían “mendigar citas en Bogotá” no es una frase menor. Resume uno de los mayores defectos de nuestro modelo de Estado: Colombia se proclama descentralizada en la Constitución, pero continúa gobernándose como si el país terminara en los límites de la capital.
La propuesta merece apoyo. Sin embargo, la descentralización no puede quedarse en el lugar donde se realiza una posesión presidencial ni en el traslado ocasional de un consejo de ministros. Gobernar desde las regiones tiene un enorme valor simbólico, pero el verdadero cambio llegará cuando las decisiones, las competencias y los recursos también salgan de Bogotá.
Mi paso por la Superintendencia de Industria y Comercio me dejó una enseñanza aplicable a esta discusión: los monopolios rara vez benefician al consumidor. Cuando un solo agente concentra las decisiones, disminuyen los incentivos para innovar, mejorar el servicio o responder por los resultados. La competencia, por el contrario, obliga a ofrecer mejores condiciones para atraer y conservar a quienes pueden elegir.
Algo semejante ocurre con la organización territorial. En un Estado excesivamente centralizado, los departamentos se acostumbran a esperar instrucciones, autorizaciones y transferencias. Pero si reciben competencias reales, recursos suficientes y autonomía para tomar decisiones, tendrán que competir por atraer inversionistas, empresas, talento, turistas y contribuyentes.
Un departamento que simplifique sus trámites, garantice seguridad jurídica, forme capital humano, construya buena infraestructura y administre con transparencia será más atractivo que otro atrapado en la burocracia, la corrupción y la improvisación. En esa competencia no gana solamente el gobernador exitoso ni pierde únicamente el mandatario ineficiente. El principal beneficiario será el ciudadano, que encontrará mejores servicios y mayores oportunidades.
Esta idea tiene respaldo en la teoría económica. Desde hace décadas se ha sostenido que las personas y las empresas comparan territorios de manera semejante a como los consumidores comparan bienes y servicios. Evalúan los impuestos, la infraestructura, la seguridad, la educación, la calidad institucional y las condiciones para vivir o invertir. La autonomía territorial puede producir innovación pública porque permite que distintas administraciones ensayen soluciones y que las experiencias exitosas sean imitadas por las demás.
Por supuesto, competir no significa abandonar a su suerte a los territorios más débiles ni iniciar una guerra irresponsable de exenciones tributarias. La nación debe conservar su función de regulación, redistribución y garantía de los derechos fundamentales. La descentralización necesita reglas comunes, controles efectivos y responsabilidad fiscal. Autonomía para decidir, competencia para mejorar y responsabilidad para responder.
Colombia ya cuenta con instrumentos constitucionales para avanzar en esa dirección. Las Regiones Administrativas y de Planificación permiten que varios departamentos se asocien para impulsar proyectos comunes. La Ley de Regiones abrió la posibilidad de que esas alianzas evolucionen hacia regiones entidades territoriales. Estas figuras reconocen una realidad evidente: muchos problemas y oportunidades económicas superan las fronteras departamentales.
El paso más importante, sin embargo, fue el Acto Legislativo 03 de 2024, que ordenó aumentar progresivamente la participación de los territorios en los ingresos corrientes de la Nación hasta alcanzar el 39,5 %. La reforma estableció, además, una regla fundamental: no podrán trasladarse competencias sin asignar previamente los recursos fiscales suficientes. Es decir, la Nación no podrá seguir entregando responsabilidades mientras conserva la chequera.
Para implementar ese cambio se presentó el proyecto de Ley Orgánica de Competencias, que deberá definir con claridad qué corresponde hacer al Gobierno nacional, qué pueden asumir los departamentos y municipios, cómo se financiará cada función y cómo se cerrarán las brechas entre territorios. La iniciativa prioriza sectores como educación, salud, agua potable y saneamiento básico, y plantea una descentralización gradual que reconozca las diferentes capacidades institucionales del país. El nuevo gobierno recibe, por tanto, no una reforma terminada, sino una obligación constitucional que debe impulsar ante el Congreso.
La experiencia internacional también ofrece lecciones. Brasil creó Brasilia para trasladar el centro político hacia el interior y estimular un nuevo polo de desarrollo. Sudáfrica distribuyó funciones nacionales entre distintas ciudades. México, pese a su estructura federal, demuestra que la autonomía formal resulta insuficiente cuando los estados mantienen una fuerte dependencia financiera del poder central. La enseñanza es sencilla: cambiar las sedes ayuda, pero solo la transferencia efectiva de poder y recursos produce descentralización.
Risaralda tiene condiciones excepcionales para aprovechar este modelo. Su ubicación estratégica entre Antioquia, el Valle del Cauca y el centro del país; el Aeropuerto Internacional Matecaña; la integración urbana de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa y La Virginia; su tradición comercial y empresarial; sus universidades y su vocación turística le permiten competir por inversión, talento y nuevos proyectos productivos.
No partimos de cero. Risaralda se encuentra entre los departamentos más competitivos de Colombia. Pero todavía necesita mejorar sus conexiones con el Pacífico, fortalecer la logística, cerrar las brechas entre Pereira-Dosquebradas y los demás municipios, impulsar la innovación y facilitar la creación y formalización de empresas. Una verdadera autonomía territorial permitiría tomar muchas de esas decisiones con mayor rapidez y atendiendo las particularidades del departamento, en lugar de esperar soluciones diseñadas a cientos de kilómetros de distancia.
El nuevo gobierno tiene la oportunidad de convertir la descentralización en algo más que un discurso recurrente. Posesionarse en el Cauca y proponer una capital alterna son señales poderosas. Ahora debe lograr que detrás de esas señales lleguen competencias, presupuesto, instituciones y capacidad real de decisión.
Colombia no necesita debilitar a Bogotá. Necesita fortalecer sus regiones. Y en un país donde los departamentos puedan competir por ofrecer mejores condiciones para vivir, invertir y emprender, Risaralda tiene todo para estar entre los ganadores.
