Un total de 11 nuevos congresistas asumieron sus curules en medio del receso legislativo y sin debates relevantes en curso, lo que ha generado críticas por el cobro de salarios en un periodo sin actividad.
La reciente posesión de congresistas por un periodo de apenas 20 días en el Congreso de la República ha desatado un intenso debate en el país. Aunque el procedimiento es legal, expertos advierten que la decisión pone en entredicho principios éticos y evidencia vacíos en la regulación del sistema legislativo colombiano.
Aceptar un nombramiento como congresista por un periodo de apenas 20 días, tanto en Senado como en Cámara de Representantes y recibir cerca de $34,3 millones, antes de descuentos por retención en la fuente y demás impuestos, no constituye una irregularidad jurídica, aunque estos congresistas no participarán en debates ni asistirán a sesiones del Congreso.
Si bien se trata de un mecanismo previsto por la ley para suplir vacantes en el Congreso, el debate no se centra en la legalidad, sino en la legitimidad ética de estas decisiones.
Para el profesor de derecho internacional de la Universidad Javeriana , Fabián Cárdenas, el problema radica en el uso de figuras legales con fines que desdibujan su propósito original. “No todo lo que es legal necesariamente es ético”, señaló, al advertir que estos nombramientos se dan en un momento en el que no existen debates determinantes ni actividad legislativa significativa.
Cárdenas sostiene que la aceptación de estas curules, en la recta final del periodo legislativo, “está más mediada por intereses personales y por el deseo de percibir un salario que, a todas luces, sigue siendo exorbitante”, lo que rompe con los principios de buena fe que inspiran este tipo de mecanismos.
La controversia se acentúa al considerar que fueron 11 los congresistas que se posesionaron bajo estas condiciones. Entre ellos figuran César Lorduy, Shirley Hernández, Liza Barrientos, Eduardo Zúñiga, Jhon Fredy Pimentel, Sol María Liñán, Rodrigo Ardila, Reinaldo Velásquez y Germán Ojeda, entre otros.
Salarios millonarios
El caso también reabre la discusión sobre los altos salarios del Congreso colombiano. Según Cárdenas, al comparar con otros parlamentos del mundo, Colombia se ubica entre los países con mayores remuneraciones legislativas, lo que puede incentivar prácticas como el clientelismo y la corrupción.
“Este tipo de situaciones obligan a reflexionar sobre la necesidad de ajustar la regulación para evitar que figuras legales sean utilizadas de manera contraria a su espíritu”, concluyó el analista.
Controversia
Por su parte, el profesor de la Universidad del Rosario y doctor en Sociología, Carlos Charry, indica que permitir la posesión en estos casos no solo responde a lo establecido por la ley, sino que también evita eventuales demandas contra el Estado. “De lo contrario, podrían impugnar que no se les permita posesionarse y demandar a la Nación”, afirma, al señalar que se trata de una situación que hace parte de las reglas actuales del sistema político.
“Sin embargo, más allá del cumplimiento normativo, surge una reflexión de fondo sobre el funcionamiento de los partidos y las dinámicas electorales. Las recientes elecciones dejaron en evidencia, según esta postura, la urgencia de replantear la legislación vigente para cerrar vacíos que hoy generan controversia.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que casos como la doble militancia o posibles inhabilidades sean evaluados después de la elección y no antes, lo que permite que candidatos en situación irregular resulten elegidos. “Es imperioso reformular la ley electoral para evitar que una persona que incurrió en doble militancia o tiene una inhabilidad sea elegible”, se enfatiza.
La discusión se centra entonces en fortalecer los mecanismos de control previos a los comicios, con el fin de garantizar mayor transparencia y seguridad jurídica en los procesos electorales del país”, indica el profesor Charry.
Por ley
Voceros del Senado de la República señalaron que la reciente posesión de nuevos congresistas se realizó en cumplimiento de lo establecido en la ley 5 de 1992. De acuerdo con esta normativa, cuando un legislador presenta su renuncia, se configura una falta absoluta que obliga a llamar al siguiente candidato en la lista correspondiente.
La disposición busca garantizar la continuidad en la representación política y el normal funcionamiento del Congreso, respetando el orden definido por los resultados electorales.
##SOBRANTES
Colombia figura entre los países con mayores salarios legislativos a nivel mundial.
