La crisis humanitaria en Colombia continúa agravándose. La Defensoría del Pueblo advirtió que, entre enero y abril de 2026, al menos 54.118 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado o confinamiento a causa del conflicto armado y de fenómenos asociados a la crisis climática en distintas regiones del país.
Según el informe del organismo, en los primeros cuatro meses del año se registraron 46 eventos de desplazamiento forzado que afectaron a 8.249 personas y 31 episodios de confinamiento que impactaron a 45.869 habitantes, principalmente en comunidades étnicas.
Comunidades indígenas y afrodescendientes, las más afectadas
La Defensoría señaló que las comunidades indígenas y afrodescendientes siguen siendo las principales víctimas de la violencia armada y de las afectaciones ambientales derivadas de la expansión de economías ilegales y el cambio climático.
De acuerdo con el reporte, 13 comunidades afrodescendientes y 11 indígenas sufrieron desplazamientos durante el primer cuatrimestre de 2026, mientras que los confinamientos afectaron a 22 comunidades étnicas: 16 indígenas y 6 afrodescendientes.
“La violencia armada y los factores ambientales afectan gravemente sus derechos fundamentales, su permanencia en el territorio y sus prácticas culturales”, advirtió la entidad en el documento oficial.
Antioquia, Chocó y Cauca, entre los territorios más golpeados
Los departamentos más afectados por desplazamientos forzados fueron Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Valle del Cauca. En cuanto a confinamientos, Chocó y Putumayo concentran la mayor cantidad de casos registrados en el país
El informe también alerta sobre amenazas directas, homicidios, reclutamiento forzado de menores y presencia de minas antipersonales en los territorios, factores que obligan a cientos de familias a abandonar sus hogares o permanecer confinadas sin acceso seguro a alimentos, salud y educación.
Crisis climática agrava la emergencia humanitaria
Además del conflicto armado, la Defensoría advirtió que los eventos climáticos extremos están acelerando la movilidad forzada en distintas regiones del país.
Uno de los casos más críticos se registró en abril en Norte de Santander, donde el desbordamiento del río Ocaña provocó el desplazamiento de varias familias y dejó aisladas múltiples veredas. Asimismo, en el litoral Pacífico de Nariño, al menos 350 familias tuvieron que abandonar sus viviendas por cuenta de la erosión costera y el avance del mar.
La entidad también alertó sobre el riesgo inminente para más de 25.000 personas en Antioquia debido a posibles emergencias derivadas tanto del conflicto armado como de fenómenos naturales.
Defensoría pide respuestas urgentes del Estado
Ante el panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y regionales para fortalecer las medidas de prevención, protección y atención integral a las víctimas.
“Estas cifras representan la persistencia de una crisis humanitaria que exige acciones coordinadas para brindar atención oportuna y digna”, señaló el organismo.
La entidad insistió en la necesidad de implementar mecanismos de protección colectiva y soluciones concertadas con las comunidades afectadas, especialmente en territorios indígenas y afrodescendientes que enfrentan una doble vulnerabilidad: la violencia armada y el deterioro ambiental.
