La justicia de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, luego de que no se presentara al inicio del juicio oral que enfrenta por el presunto delito de trata agravada de personas.
La decisión fue adoptada este lunes 11 de mayo por un tribunal de Tarija, que declaró en rebeldía al exmandatario y ordenó además medidas como el arraigo. Morales no compareció ante la autoridad judicial, pese a estar convocado dentro del proceso que avanza en su contra.
El caso se relaciona con señalamientos de la Fiscalía según los cuales Morales habría sostenido una relación con una adolescente de 15 años durante su etapa como presidente de Bolivia. De acuerdo con la acusación, de esa relación habría nacido una hija. El exmandatario ha negado los cargos y sostiene que se trata de una persecución política y judicial en su contra.
La defensa de Morales, encabezada por Wilfredo Chávez, cuestionó el procedimiento y alegó presuntas irregularidades en la forma en que fue notificado para comparecer. Según su argumento, la convocatoria debió hacerse de manera personal y no mediante edictos.
Morales permanece desde 2024 en la zona cocalera del Chapare, en Cochabamba, considerada su principal base política y social. Allí cuenta con el respaldo de sectores campesinos y simpatizantes que han denunciado que el proceso judicial responde a una estrategia para sacarlo del escenario político.
La Fiscalía, por su parte, mantiene la acusación y busca que el exmandatario comparezca ante el tribunal para responder por los hechos investigados. Medios bolivianos han informado que el proceso también incluye a otras personas señaladas dentro del expediente.
La orden de captura ocurre en medio de un escenario político tenso en Bolivia, marcado por la división interna del Movimiento al Socialismo y por los enfrentamientos entre Morales y el actual gobierno. El expresidente ha insistido en que es víctima de una ofensiva judicial, mientras sus críticos sostienen que debe presentarse ante la justicia.
Evo Morales gobernó Bolivia entre 2006 y 2019 y fue el primer presidente indígena del país. Su administración estuvo marcada por la nacionalización de recursos naturales, la aprobación de una nueva Constitución y una fuerte influencia regional, pero también por cuestionamientos relacionados con su permanencia en el poder y la crisis política que derivó en su salida del gobierno en 2019.
Con la declaratoria de rebeldía, la Policía boliviana queda habilitada para ejecutar la orden de aprehensión. Mientras tanto, el proceso judicial continúa bajo atención nacional e internacional por el peso político del acusado y por la gravedad de los cargos investigados.
