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sábado, marzo 2, 2024

Aumenta el contrabando de cigarrillos en Colombia

Coltabaco advierte sobre el impacto en seguridad y economía por el comercio ilícito.

El año pasado, el 35% de los cigarrillos vendidos en Colombia eran ilegales, lo que significa que 35 de cada 100 cigarrillos consumidos en el país eran provenientes del contrabando. Esta cifra representa el nivel más alto desde 2015.

Este dato proviene del más reciente estudio ‘Incidencia de consumo de cigarrillos ilegales en Colombia 2023’, realizado por la firma Invamer para el Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos (FND). Según este estudio, debido al contrabando de cigarrillos, Colombia ha dejado de recaudar $3,6 billones en los últimos cinco años.

Los cigarrillos ilegales con mayor presencia en Colombia provienen principalmente de Uruguay (11,4%), Corea del Sur (6,9%), Emiratos Árabes/Dubái (4%) y China (3,9%).

La Guajira lidera los departamentos con mayor ilegalidad en el consumo de cigarrillos, alcanzando un preocupante 91%, seguido por Cesar (85%), Sucre (75%), Bolívar (74%) y Norte de Santander, con un 74%.

El estudio reveló un dato preocupante, indicando que algunos departamentos que anteriormente mantenían la situación bajo control o presentaban cifras muy bajas de contrabando de cigarrillos experimentaron aumentos significativos en el consumo durante 2023. Estas regiones incluyen Quindío, Chocó, Cauca y Cundinamarca.

Adicionalmente, se observa que el 83% de las cajetillas ilegales comercializadas el año pasado tuvieron como punto de venta las tiendas de barrio. Este fenómeno se atribuye principalmente al menor valor, representando un 89%, y a la disponibilidad, con un 42%.

Las marcas Rumba, Carnival, Real y Marshal encabezan la lista de cigarrillos ingresados ilegalmente a Colombia.

Coltabaco

Alberto Recio, presidente de Coltabaco, la afiliada de Philip Morris International (PMI) en Colombia y la empresa tabacalera más grande del país, afirmó que el crecimiento constante del comercio ilícito de cigarrillos en la última década ha contribuido al deterioro de la situación de seguridad en las ciudades.

«De mantenerse una tendencia creciente del contrabando, las consecuencias son evidentes: mayores niveles de inseguridad, menos recursos públicos y eventualmente la inviabilidad de la industria legal”, advirtió Recio.

De acuerdo con el presidente de Coltabaco, la reducción del comercio ilícito de cigarrillos es factible si hay una colaboración estrecha entre el sector público y privado. «Si logramos reducir el contrabando a un solo dígito, es decir, al 9%, el total recaudado por todos los departamentos ascendería a unos $2,4 billones, lo que supone aproximadamente $700.000 millones más que el promedio actual anual», enfatizó el directivo.

Asimismo, el funcionario recalcó que el precio es la razón principal por la cual los fumadores adultos prefieren el comercio ilegal, ya que estos cigarrillos son, en promedio, un 57% más baratos. Por consiguiente, advirtió que «un aumento desproporcionado de los impuestos al cigarrillo amplía las brechas de precios, aumenta la atracción por lo ilegal y, como resultado, intensifica el contrabando y agrava la inseguridad».

Sanciones

El impuesto al consumo se destaca como una fuente de ingresos significativa para los departamentos, representando en promedio el 48% del total de los ingresos tributarios entre 2015 y 2023. Hasta el tercer trimestre de 2023, la recaudación superó los $4,04 billones. Durante este mismo período, la cifra consolidada del impuesto al consumo de cigarrillos ascendió a más de $1,2 billones.

El Programa Anticontrabando advierte sanciones, incluyendo decomiso de mercancía, cierre del establecimiento hasta por 120 días, cancelación o suspensión de licencias, concesiones, autorizaciones o registros, multas, e incluso la privación de la libertad para quienes comercien con productos ilegales.

El informe concluye que el contrabando de cigarrillos afecta directamente a la ciudadanía, reduciendo los ingresos destinados al deporte y la salud en las regiones. “Esto significa que a medida que aumenta esto, se reducen los ingresos para garantizar el bienestar y la salud en los territorios. Su impacto se advierte también en la disminución del flujo de recursos a cargo de la Administradora del Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (Adres)”, concluyó el informe.

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