Una nueva controversia rodea el debate sobre el futuro del páramo de Santurbán, luego de que la periodista Catalina Suárez denunciara una presunta estrategia de intimidación contra comunicadores y ciudadanos que han expresado posiciones diferentes frente a las decisiones relacionadas con la protección de este ecosistema estratégico.
La denuncia fue publicada a través de la red social X, donde Suárez aseguró que algunos integrantes del Comité Santurbán y seguidores del presidente Gustavo Petro estarían promoviendo acciones de presión contra periodistas que cubren el tema.
«Lo que vemos por parte de los autodenominados ‘ambientalistas’ del Comité Santurbán y seguidores de Gustavo Petro contra la prensa es inaceptable. No es protección del medio ambiente, es una estrategia de intimidación», manifestó la periodista en su publicación.
En el mismo mensaje, la comunicadora pidió garantías para el ejercicio del periodismo e hizo un llamado al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para que adopte medidas que, según afirmó, protejan la libertad de prensa y eviten posibles vulneraciones a este derecho.
Hasta el momento, el Comité Santurbán y las organizaciones mencionadas en la denuncia no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones. Tampoco se conocen investigaciones o decisiones de autoridades competentes que confirmen los hechos denunciados.
El episodio se produce en medio de una nueva etapa del debate sobre el páramo de Santurbán, ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, considerado uno de los ecosistemas más importantes del país por su papel en el abastecimiento de agua para millones de personas.
Durante años, Santurbán ha sido escenario de una confrontación entre organizaciones ambientalistas, comunidades locales, empresas mineras y autoridades, debido a las diferencias sobre la delimitación del páramo y la posibilidad de desarrollar proyectos de explotación minera en zonas cercanas.
Mientras los colectivos ambientales insisten en que cualquier actividad extractiva representa un riesgo para las fuentes hídricas, sectores económicos y habitantes de la región sostienen que las restricciones han afectado el empleo y el desarrollo de las comunidades que históricamente han dependido de la minería.
La controversia también reabre el debate sobre las garantías para el ejercicio periodístico en Colombia. En mayo de este año, la Fiscalía General de la Nación expidió nuevos lineamientos para fortalecer la investigación de delitos y hechos de violencia contra periodistas, comunicadores y trabajadores de medios de comunicación, con el propósito de reforzar la protección de la libertad de prensa.
