En medio de la creciente tensión por la crisis del sistema de salud, el presidente Gustavo Petro anunció una medida drástica: ordenar la liquidación de todas las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren en insolvencia financiera.
La decisión fue comunicada durante un consejo de ministros, donde el mandatario dejó claro que el margen de acción del Gobierno se redujo tras el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso. Según explicó, ante la falta de respaldo legislativo, el Ejecutivo optará por cerrar aquellas entidades que no sean viables económicamente, en lugar de seguir destinando recursos públicos para sostenerlas.
Petro argumentó que continuar financiando EPS en quiebra podría comprometer seriamente la estabilidad fiscal del país. En ese sentido, descartó que el Estado asuma las deudas acumuladas del sector, que ascienden a decenas de billones de pesos. La liquidación, dijo, sería un paso necesario para evitar un impacto mayor sobre las finanzas públicas.
La medida se da en un contexto de choques institucionales. El jefe de Estado señaló que tanto el Congreso como decisiones judiciales han frenado iniciativas clave del Gobierno para reorganizar el sistema. Entre ellas, mencionó la suspensión de un decreto por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, que buscaba redistribuir afiliados entre EPS.
Aunque no se han detallado los mecanismos específicos de implementación, el Gobierno anticipa que el proceso podría implicar una reconfiguración profunda del modelo de aseguramiento en salud. Se estima que millones de usuarios podrían verse afectados por los cambios derivados de estas liquidaciones.
En paralelo, el Ejecutivo también anunció ajustes en el manejo de la Nueva EPS, que pasará a estar bajo la órbita directa de los ministerios de Salud y Hacienda. Como parte de esta reorganización, el Estado deberá ponerse al día con obligaciones financieras pendientes con la entidad y se plantea la adopción de mecanismos como la compra centralizada de medicamentos para reducir costos.
La decisión ha generado preocupación en distintos sectores. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, advirtió sobre posibles efectos adversos en la operación del sistema, señalando que no todas las EPS tienen la capacidad de recibir a los afiliados de las entidades liquidadas. Según indicó, esto podría traducirse en interrupciones en tratamientos, dificultades en la entrega de medicamentos y riesgos en la continuidad de la atención médica.
El anuncio abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del sistema de salud en Colombia, con interrogantes sobre la capacidad de respuesta institucional frente a una eventual transición de gran escala.
