Caso Yulixa Toloza reabre debate sobre regulación de centros estéticos en Colombia

La desaparición de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años vista por última vez el pasado 13 de mayo de 2026 en el sur de Bogotá, volvió a poner sobre la mesa la falta de regulación estricta para los centros de estética en Colombia y las fallas en los controles sobre procedimientos invasivos.

El caso ha generado conmoción nacional luego de que cámaras de seguridad registraran el momento en que la mujer fue sacada de un establecimiento en aparente estado de desorientación tras someterse a un procedimiento estético.

De acuerdo con información revelada por las autoridades y registros de tránsito conocidos por El Tiempo, el vehículo relacionado con el caso pasó por dos peajes durante la madrugada del 14 de mayo, ubicando el último rastro en el municipio de Gachancipá.

La situación reactivó las críticas contra el Congreso de la República, señalado de haber archivado en cinco oportunidades proyectos de ley que buscaban establecer controles más estrictos para clínicas y centros estéticos en el país.

Una de las voces que se pronunció fue la periodista y activista Lorena Beltrán, quien cuestionó la falta de voluntad política para regular un sector que, según denunció, continúa operando con múltiples irregularidades.

“Es inaudito que siendo Colombia uno de los países donde más procedimientos estéticos se practican en el mundo, no tengamos una ley que proteja a quienes deciden intervenir su cuerpo”, expresó.

Beltrán también denunció que muchas de las denominadas “clínicas de garaje” continúan funcionando pese a sanciones y cierres temporales, cambiando de razón social para seguir operando.

La investigación del caso reveló además que el establecimiento Beauty Láser M.L., donde presuntamente fue atendida Yulixa Toloza, funcionaba sin permisos y realizaba procedimientos invasivos bajo la dirección de personas que, al parecer, no contaban con títulos médicos válidos.

Según las autoridades, el centro clandestino generaba ingresos superiores a los 70 millones de pesos mensuales y era administrado por María Fernanda Delgado Hernández y su pareja Edinson Torres.

De acuerdo con testimonios conocidos durante la investigación, Toloza se sometía a una lipólisis láser cuando habría recibido una segunda dosis de ketamina debido a un fuerte dolor durante el procedimiento.

Mientras avanzan las labores de búsqueda y las investigaciones judiciales, el caso continúa despertando preocupación sobre la seguridad de los procedimientos estéticos en Colombia y la ausencia de controles más estrictos para proteger a los pacientes.

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