El presidente Gustavo Petro salió a defenderse públicamente este 20 de marzo, luego de las versiones sobre indagaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con narcotraficantes. En su mensaje, aseguró que en Colombia “no existe una sola investigación” en su contra por ese tema y sostuvo que jamás ha hablado con un narcotraficante. También afirmó que durante años denunció la relación entre mafias y poder político en el país.
El problema para el Gobierno es que su respuesta, aunque contundente en el tono, no despeja el fondo del debate. La controversia no nació de una pesquisa en Colombia, sino de reportes publicados hoy sobre averiguaciones preliminares en Estados Unidos, adelantadas por fiscales federales en Manhattan y Brooklyn, que revisarían posibles reuniones con narcos y eventuales aportes ilegales a su campaña. Esas versiones coinciden en que se trata de procesos en etapa temprana y, por ahora, sin cargos conocidos.
Ahí aparece la grieta política que Petro intenta cerrar con discurso, pero no con resultados verificables. Decir que en Colombia no hay una investigación puede ser una defensa útil ante su audiencia, pero no resuelve la pregunta central que hoy golpea su imagen: qué alcance real tienen las pesquisas en EE. UU. y si terminarán siendo solo ruido político o una presión judicial con consecuencias diplomáticas. En ese punto, la respuesta presidencial parece más una contraofensiva narrativa que una explicación suficiente.
El mandatario también defendió la limpieza de sus campañas al asegurar que dio la orden de no aceptar dinero ni de banqueros ni de narcotraficantes, y añadió que las revisiones sobre su aspiración presidencial no hallaron recursos del narcotráfico. Incluso fue más allá: dijo que los procesos en Estados Unidos le servirán para desmontar lo que considera acusaciones impulsadas por la extrema derecha colombiana.
Sin embargo, esa línea de defensa vuelve a mostrar una constante del petrismo: convertir una controversia delicada en una batalla política total. El riesgo de esa estrategia es alto. Cuando un presidente responde a un asunto de esta magnitud señalando únicamente a sus adversarios, corre el riesgo de parecer más interesado en polarizar que en aclarar. Y cuando el tema toca narcotráfico, campaña presidencial y relaciones con Washington, la opinión pública espera algo más que una publicación en redes: espera pruebas, precisiones y transparencia.
Por ahora, Petro optó por negar, confrontar y elevar el pulso político. Pero su pronunciamiento no cierra la crisis; apenas la traslada a otro terreno. La discusión ya no es solo si él rechaza las acusaciones, sino si su defensa alcanza para contener un escándalo que amenaza con seguir creciendo en lo judicial, lo internacional y lo electoral.
