La transición hacia el nuevo esquema estatal para la expedición de pasaportes en Colombia continúa rodeada de dudas, reclamos políticos e investigaciones. Aunque el modelo empezó a regir desde el 1 de abril, el proceso entra en una nueva etapa con la salida definitiva de Thomas Greg & Sons, firma privada que durante cerca de dos décadas estuvo vinculada al trámite.
Pese al cambio de modelo, los nuevos pasaportes todavía no han comenzado a circular. La razón es que primero deben agotarse las existencias de libretas producidas bajo el contrato anterior con Thomas Greg. Mientras tanto, avanza la impresión de documentos con apoyo internacional de Portugal y Francia, en tanto la Imprenta Nacional adecúa su capacidad operativa para asumir gradualmente el proceso.
Por ahora, la Imprenta Nacional no estaría a cargo de toda la producción, sino de la personalización, custodia y control de las libretas. La fase inicial contempla apoyo de proveedores extranjeros mientras se consolidan las capacidades locales para que el Estado asuma más etapas del servicio.
El nuevo esquema, sin embargo, enfrenta varios frentes de controversia. Por un lado, hay indagaciones que involucran a exfuncionarios del Gobierno, incluidos los excancilleres Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, por su participación en decisiones relacionadas con el proceso.
A esto se suman acciones judiciales y disciplinarias. La Procuraduría mantiene investigaciones abiertas y presentó una demanda contra el convenio suscrito entre Colombia y Portugal, acuerdo que hace parte del nuevo modelo de expedición de pasaportes.
La polémica aumentó después de conocerse una inspección de funcionarios de la Procuraduría a la Imprenta Nacional. Según la información divulgada, la mayoría de las libretas recibidas en Colombia provendrían de IN Groupe, una empresa francesa especializada en documentos de identificación. También se reportó que 59.000 pasaportes habrían llegado desde París y 7.400 desde Lisboa, mientras que 1.500 documentos producidos en Colombia no tendrían validez oficial.
Durante esa visita, la gerente de la Imprenta Nacional habría señalado que no podía certificar quién fabricó esas libretas, pues su papel se limita a recibirlas, personalizarlas y custodiarlas. Un documento citado en el debate sostiene que a la entidad le corresponden funciones de dirección estratégica y lineamientos generales, pero no necesariamente la ejecución técnica total del modelo en esta fase inicial.
Desde el Gobierno, el presidente Gustavo Petro defendió el nuevo contrato y aseguró que cumple con los requisitos legales. El mandatario afirmó que el acuerdo con la Casa de la Moneda de Portugal se da entre entidades públicas y que busca que el control de los datos y del proceso quede en manos del Estado, no de privados.
Petro también cuestionó la posibilidad de que el trámite vuelva a manos de Thomas Greg & Sons. Según el presidente, regresar al esquema anterior sería un error y significaría mantener un modelo que, en su criterio, favoreció prácticas irregulares durante años.
En medio de esta discusión, el jefe de Estado llamó a movilizaciones el 1 de mayo para respaldar sus reformas sociales y volvió a mencionar su propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente.
El proceso también ha enfrentado dificultades técnicas. Semanas atrás se presentó una falla en el SITAC, sistema en el que se registran los datos de los ciudadanos para la expedición de pasaportes. Aunque el inconveniente fue corregido, la situación retrasó la entrega de documentos durante varios días.
Así, el cambio en el modelo de pasaportes avanza entre ajustes operativos, controles de los organismos de vigilancia, cuestionamientos por el origen de las libretas y una fuerte disputa política sobre quién debe manejar la expedición de estos documentos en Colombia.
