El senador Duvalier Sánchez y el concejal Julián Triana cuestionaron los documentos con los que Carolina Restrepo acreditó su experiencia profesional. La funcionaria defendió a una colaboradora y aseguró que no renunciará.
Una nueva controversia rodea a María Carolina Restrepo Cañavera, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), luego de que el senador Duvalier Sánchez y el concejal de Bogotá Julián Triana anunciaran acciones legales por presuntas irregularidades en las certificaciones laborales que presentó para acreditar su experiencia profesional.
Los dirigentes del partido Alianza Verde dieron a conocer una serie de documentos que, según sus investigaciones, presentarían diferencias entre las fechas de experiencia reportadas por la funcionaria y los registros de constitución de una firma de abogados con la que estuvo vinculada.
La controversia se conoció mediante un video divulgado en redes sociales, en el que ambos políticos anunciaron que acudirán a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía para solicitar una investigación sobre la documentación presentada por Restrepo.
Cuestionan certificación laboral
Uno de los principales señalamientos está relacionado con una certificación que acredita experiencia profesional de Restrepo desde febrero de 2002 en la firma Restrepo Cañavera S. A. S., empresa vinculada a su trayectoria como abogada.
Sin embargo, de acuerdo con los documentos expuestos por los denunciantes, la sociedad habría sido constituida formalmente en octubre de 2004, es decir, aproximadamente dos años después de la fecha que aparece en el certificado.
El concejal Julián Triana también aseguró que la vinculación formal de la funcionaria con la empresa se habría registrado en 2006, situación que, en su concepto, genera dudas sobre el tiempo de experiencia profesional acreditado para asumir la dirección del ICBF.
Por su parte, el senador Duvalier Sánchez cuestionó que la certificación hubiera sido expedida desde una firma vinculada a la propia funcionaria.
“Se certificó a sí misma en su propia firma de abogados”, afirmó el congresista, quien considera necesario establecer si el documento cumplía los requisitos legales para acreditar la experiencia exigida.
No obstante, las diferencias entre las fechas mencionadas todavía deben ser verificadas por las autoridades competentes y no constituyen, por sí solas, una prueba de falsedad documental.
Contrato de $25 millones genera interrogantes
Otro de los aspectos cuestionados corresponde a la participación de Érika Jiménez, quien habría firmado la certificación laboral presentada por Restrepo.
Según los denunciantes, Jiménez había trabajado como auxiliar administrativa de la firma de abogados y posteriormente obtuvo un contrato de prestación de servicios con el ICBF por un valor aproximado de $25 millones y una duración de tres meses.
Los dirigentes políticos también señalaron que la actual directora de la entidad figuraba como supervisora de dicho contrato, circunstancia que consideran necesario esclarecer.
De acuerdo con la información divulgada, Jiménez habría firmado la certificación cuando ya se encontraba vinculada laboralmente a otra empresa. Los denunciantes sostienen que esta situación plantea interrogantes sobre las condiciones en las que fue expedido el documento.
La coincidencia entre la certificación laboral y la posterior contratación de Jiménez es uno de los puntos que se pretende llevar ante los organismos de control para determinar si existió alguna irregularidad administrativa o jurídica.
Tras conocerse la denuncia, Carolina Restrepo se pronunció públicamente este viernes 23 de octubre y defendió la vinculación de Érika Jiménez al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
La funcionaria explicó que, cuando asumió la dirección de la entidad, las condiciones de la planta de personal no permitían realizar inmediatamente el nombramiento de su colaboradora, por lo que inicialmente fue contratada mediante prestación de servicios.
Agregó que, una vez se dieron las condiciones administrativas necesarias, el contrato terminó y Jiménez pasó a ocupar un cargo de planta.
Restrepo rechazó los cuestionamientos contra su colaboradora y aseguró que no permitirá que las controversias políticas afecten la dignidad de las personas que integran su equipo de trabajo.
Frente a las acusaciones relacionadas con su experiencia profesional, manifestó que serán sus abogados quienes se encarguen de responder.
“No voy a renunciar a mi responsabilidad”, expresó la directora, quien reiteró su intención de continuar al frente del ICBF y avanzar en los procesos de revisión interna de la institución.Piden intervención de los organismos de control
El senador Sánchez y el concejal Triana anunciaron que solicitarán la revisión de las certificaciones laborales, los registros mercantiles y los contratos relacionados con el caso.
Entre los aspectos que consideran necesario esclarecer también se encuentra la información sobre la representación legal de la firma Restrepo Cañavera S. A. S., pues aseguran que la funcionaria continuaría apareciendo vinculada a la sociedad en los registros de la Cámara de Comercio.
Los denunciantes consideran que las posibles inconsistencias podrían tener consecuencias disciplinarias o penales, aunque corresponderá a las autoridades determinar si existen elementos suficientes para iniciar actuaciones formales.
La nueva controversia se suma a cuestionamientos anteriores sobre la información académica de la directora, planteados por otros integrantes del Congreso.
Por ahora, no existe una decisión judicial que establezca que Restrepo haya falsificado documentos o incurrido en irregularidades para acceder al cargo.
El caso mantiene abierto el debate sobre la verificación de los requisitos profesionales exigidos a quienes ocupan cargos de alta responsabilidad en el Estado, mientras se esperan las actuaciones de los organismos de control y las aclaraciones correspondientes.
