Ante la problemática de los habitantes de Miralindo que se agudizó en las últimas horas, se busca construir soluciones desde el diálogo incluyente.
Dentro del pliego de peticiones establecido por Asocampeje y respaldado por las familias que se encontraban asentadas en los predios de la finca Miralindo, estaba el de ser escuchados a través de una mesa de diálogo y concertación.
Pues bien, en un comunicado expedido por el partido de gobierno, se dio a conocer que diferentes actores tanto de la Gobernación de Risaralda como de la Defensoría del Pueblo, aceptaron la convocatoria y participarán de la mesa de diálogo y concertación junto a líderes de las familias afectadas en esta problemática.
Como este medio lo dio a conocer en días pasados, miembros de esta comunidad realizaron denuncias sobre atropellos a su integridad y a sus bienes por parte de la fuerza pública, durante el proceso de desalojo, esto llegó al despacho de la Viceministra de Diálogo Social, la igualdad y los Derechos Humanos, Lilia Solano, quien de inmediato mostró su interés y disposición por intervenir en esta situación, por tal motivo, para este lunes 6 de febrero, en la sede del Ministerio del Interior, a partir de las 10 a.m. la funcionaria recibirá una comisión de la comunidad afectada, con el fin de buscar una solución a esta problemática.
Llamado al diálogo
De igual manera, los líderes que apoyan a los campesinos hacen un llamado e invita al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Vivienda, al Municipio de La Virginia y a la Agencia Nacional de Tierras, para que se sumen a esta convocatoria, con el fin de buscar alternativas de solución e inclusión a través del plan de desarrollo que viene impulsando el Gobierno Nacional.
Asimismo, reiteran el llamado a las entidades gubernamentales y de la fuerza pública, para que el diálogo, sea la manera como se puedan concertar decisiones entre las partes y no a través de la fuerza y las vías de hecho, “Esa no es la manera de brindar solución a las diferentes problemáticas sociales que afronta la población colombiana, que carecen de vivienda, tierras, servicios públicos y derechos de conjunto”, añadieron.
