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viernes, abril 12, 2024

La Defensoría del Pueblo exige acciones inmediatas: descongestión carcelaria y garantía de derechos en el sistema judicial

En respuesta a los recientes incidentes que resaltan las precarias condiciones en las estaciones de policía utilizadas como centros de detención improvisados, la Defensoría del Pueblo, la institución de defensa de los derechos humanos en Colombia, ha emitido un llamado urgente de acción dirigido al Gobierno Nacional y a la Rama Judicial. La Defensoría insta a ambas entidades a cumplir con el marco legal que rige el traslado de detenidos a instalaciones correccionales nacionales, después de su aprehensión legal y validación judicial subsiguiente.

El llamado de la Defensoría surge a raíz de un trágico suceso en el que un oficial de policía perdió la vida y otro resultó herido mientras intentaban evitar la fuga de 13 individuos detenidos en la Estación de Policía ‘La Minorista’ en Medellín, Antioquia.

Carlos Camargo Assis, el Defensor del Pueblo, expresó profundo pesar por el incidente, atribuyéndolo a irregularidades en el proceso de detención dentro de las estaciones de policía y las unidades de reacción inmediata. Estas irregularidades, destaca, se ven agravadas por las condiciones inconstitucionales declaradas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU122 de 2022.

La Defensoría resalta la necesidad urgente de coordinación entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos locales para abordar los desafíos sistémicos que contribuyen al uso de estaciones de policía como centros de detención de facto. Además, destaca la importancia de la intervención judicial para determinar instalaciones de detención adecuadas, según lo ordenan las disposiciones legales pertinentes.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional por aliviar la sobrepoblación en las estaciones de policía mediante una política de traslados de detenidos, el ritmo actual queda significativamente corto. Según la evaluación de la Defensoría, a la tasa actual, tomaría 13 años desocupar completamente estos espacios de detención temporales.

Ante estos desafíos, la Defensoría hace un llamado a la Rama Judicial para emitir medidas concretas que garanticen que los jueces responsables de proteger las garantías legales determinen lugares adecuados de detención para las personas sujetas a medidas de aseguramiento. Además, insta a los departamentos, distritos y municipios a asumir la responsabilidad de la custodia y mantenimiento de los detenidos, especialmente en casos donde no hay instalaciones correccionales locales disponibles.

El alarmante aumento en el número de detenidos en centros de detención temporales subraya la necesidad urgente de reformas integrales para salvaguardar los derechos tanto de los detenidos como del personal custodio. En su compromiso inquebrantable de defender los derechos humanos, la Defensoría se compromete a trabajar incansablemente hacia la regularización de los traslados de detenidos a instalaciones correccionales nacionales.

Con este llamado apasionado de la Defensoría, hay esperanza de una reforma significativa para abordar las deficiencias sistémicas que socavan la integridad del sistema de justicia de Colombia y los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

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