El presidente Abelardo de la Espriella anunció medidas contra varias compañías de vigilancia y ordenó revisar, departamento por departamento, el manejo y destino del armamento bajo su responsabilidad.
El Gobierno nacional puso la lupa sobre varias empresas de vigilancia y seguridad privada del país, luego de que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada avanzara en investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con el control de armas y posibles conexiones con estructuras criminales.
El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que algunas compañías ya tienen sus licencias canceladas, mientras que otras enfrentan procesos de cancelación o permanecen suspendidas. La información fue divulgada por el propio mandatario el 1 de octubre.
Entre las empresas mencionadas se encuentra Maximus, cuya licencia, según el Gobierno, ya fue cancelada. Para Blink, Lost Prevention y Atenas fueron adoptadas decisiones de cancelación que todavía están pendientes de quedar en firme. En el caso de OL Security Group–Servisecurity, la compañía permanece suspendida mientras avanza el trámite de cancelación.
Investigación por posibles nexos con estructuras criminales
Uno de los principales puntos que revisa la Supervigilancia está relacionado con el manejo, custodia y trazabilidad de las armas entregadas a las empresas de seguridad privada.
El presidente señaló que las investigaciones incluyen posibles conexiones con organizaciones criminales como Los Costeños y el Clan Vega Daza, además de posibles anomalías en los controles sobre el armamento.
Estos señalamientos hacen parte de investigaciones en curso y no significan, por sí mismos, que las empresas o sus responsables hayan sido declarados judicialmente responsables de pertenecer o colaborar con organizaciones criminales.
La preocupación del Gobierno está relacionada con el riesgo de que compañías legalmente constituidas puedan ser utilizadas como mecanismos para facilitar el acceso de estructuras delincuenciales a armas, personal o servicios de protección.
Gobierno busca establecer qué pasó con armas faltantes
Uno de los anuncios centrales del presidente fue la orden de establecer el destino de armas cuyo paradero no estaría plenamente esclarecido dentro de los procesos adelantados por las autoridades.
De la Espriella pidió reforzar los controles y advirtió que quienes eventualmente tengan responsabilidades deberán responder ante la justicia. Además, anunció una revisión de este tipo de compañías en los diferentes departamentos del país.
La Supervigilancia ya había desarrollado durante 2025 operativos en los que encontró presuntas fallas en la custodia, trazabilidad y control del armamento de empresas intervenidas. En uno de esos procedimientos se reportaron 483 armas asociadas a cinco compañías que fueron objeto de medidas administrativas.
La entidad también ha explicado que sus actuaciones hacen parte de sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre un sector que requiere autorización estatal para operar.
¿Qué viene para las empresas investigadas?
Las decisiones anunciadas no tienen el mismo alcance para todas las compañías. Mientras algunas ya tienen cancelada su licencia, otras continúan dentro de procedimientos administrativos que deben surtir las respectivas etapas antes de quedar en firme.
La Superintendencia mantiene así una intervención sobre el sector para determinar si las empresas cumplen con las obligaciones legales relacionadas con su operación, personal, armamento y documentación.
El Gobierno, por su parte, anunció que los controles continuarán a nivel nacional, con especial atención sobre las compañías que presenten inconsistencias en el manejo de armas o que aparezcan relacionadas en investigaciones de las autoridades.
El presidente insistió en que la seguridad privada debe mantenerse bajo controles estrictos y que las empresas autorizadas para prestar estos servicios no pueden convertirse en instrumentos para facilitar actividades criminales.
