El abogado Jaime Granados cuestionó la decisión de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y aseguró que el llamado a indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez se produjo sin evacuar pruebas que, según la defensa, son fundamentales para el proceso.
La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez evalúa emprender acciones legales contra la fiscal Gloria Marcela Abadía, tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que el exmandatario fuera llamado a indagatoria por los casos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y hechos asociados a la hacienda Guacharacas.
Así lo manifestó el abogado Jaime Granados, integrante del equipo jurídico del exsenador, quien cuestionó la oportunidad y la legalidad de la decisión adoptada por la Fiscalía. Según el jurista, el llamado a indagatoria se produjo cuando aún estaban pendientes pruebas solicitadas por la defensa, las cuales calificó como fundamentales para el esclarecimiento de los hechos.
Granados sostuvo que la Fiscalía había prorrogado el plazo para la práctica de dichas pruebas el pasado 26 de mayo, pero, pese a ello, resolvió citar a Uribe sin esperar su recaudo. Para la defensa, esta situación constituiría una posible afectación al debido proceso y al derecho de defensa.
El abogado también cuestionó el momento político en el que se conoció la determinación, a pocos días de la segunda vuelta presidencial. A su juicio, la decisión tiene un componente político, debido a la influencia del expresidente Uribe en la vida pública nacional y al respaldo del Centro Democrático a una de las campañas en contienda.
La Fiscalía llamó a indagatoria al exmandatario dentro de una investigación que busca establecer su presunta responsabilidad en hechos ocurridos en Antioquia durante la década de los noventa, cuando Uribe se desempeñaba como gobernador del departamento.
Los expedientes incluyen la masacre de La Granja, ocurrida en Ituango en junio de 1996; la masacre de El Aro, registrada entre octubre y noviembre de 1997; el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en Medellín el 27 de febrero de 1998; y señalamientos relacionados con la hacienda Guacharacas, antigua propiedad de la familia Uribe Vélez, mencionada en investigaciones sobre el surgimiento de estructuras paramilitares en Antioquia.
La defensa del expresidente ha insistido en que no existen elementos que comprometan penalmente a Uribe y ha señalado que, cuando el expediente estuvo en la Corte Suprema de Justicia, no se adoptó una decisión similar durante varios años. Granados también indicó que algunos testimonios pendientes, entre ellos declaraciones relacionadas con exjefes paramilitares, serían favorables al exmandatario.
Por su parte, el llamado a indagatoria no constituye una condena ni una acusación formal. Bajo el procedimiento de la Ley 600, aplicable a estos hechos por la época en que ocurrieron, la diligencia busca escuchar al investigado, contrastar su versión con el material probatorio y definir si el proceso avanza hacia una eventual acusación.
Uribe ha negado reiteradamente cualquier vínculo con grupos paramilitares y ha sostenido que los procesos en su contra obedecen a una persecución política. Las víctimas y sus representantes, en contraste, han insistido durante años en la necesidad de esclarecer responsabilidades por las masacres de Ituango y por el crimen de Jesús María Valle.
El caso vuelve a ocupar el centro del debate nacional por su impacto judicial y político, en medio de una coyuntura electoral marcada por fuertes tensiones entre los sectores que respaldan al expresidente y sus contradictores.
