Sebastián Arango Náder
Las protestas que se desarrollan en varios países europeos merecen un análisis que sobrepase las imágenes de calles bloqueadas, enfrentamientos y ciudades paralizadas. Detrás de muchas movilizaciones existen motivos legítimos de inconformidad, preocupaciones por la educación, el costo de vida, las oportunidades laborales y la percepción de que las instituciones políticas no responden a las necesidades de los ciudadanos. Sería un error ignorar esas demandas. Pero también lo sería desconocer que el descontento social puede convertirse en instrumento de cálculo político.
Las protestas son una expresión legítima de la democracia. En estos regímenes políticos es perfectamente válido canalizar el malestar ciudadano para impulsar reformas. Sin embargo, se trata de algo distinto alimentar deliberadamente el caos, amplificar el miedo y presentar la crisis como prueba del fracaso absoluto de un gobierno. En ese terreno, la indignación deja de ser únicamente una demanda social y se convierte en una herramienta con fines electorales.
Francia ofrece un escenario particularmente relevante para esta discusión, en un contexto de creciente rivalidad política y de preparación para las elecciones presidenciales de 2027. En un ambiente de polarización, el desorden y la destrucción puede ser utilizado por distintos sectores para reforzar sus discursos, movilizar a sus simpatizantes y desacreditar a sus adversarios. Esto no significa que las protestas sean artificiales ni que sus participantes actúen únicamente por intereses electorales. Significa que hay actores dispuestos a capitalizar políticamente el malestar de otros.
En Colombia conocemos los riesgos de esa dinámica. Durante las protestas de 2021, las demandas sociales legítimas coexistieron con episodios de violencia y con disputas políticas sobre su significado y sus consecuencias. También hubo sectores que encontraron en la crisis una oportunidad para impulsar sus objetivos electorales.
Las democracias necesitan protestas, pero también responsabilidad. Exigir el mejoramiento de las condiciones de vida no implica justificar la violencia, así como denunciar los abusos no obliga a desconocer las demandas sociales. Y, sobre todo, los ciudadanos deben preguntarse quién propone soluciones y quién necesita que el miedo y el desorden se prolonguen. Porque, cuando el caos se convierte en estrategia, la sociedad entera termina pagando el precio.
