A 648 días de haber asumido la presidencia de la República, Gustavo Petro se encuentra bajo escrutinio por presuntos incumplimientos en el Acuerdo de Paz firmado con las Farc en 2016. A pesar de haber prometido una implementación rigurosa del pacto, diversas decisiones de su gobierno han generado preocupaciones sobre el avance real en la materialización de los compromisos pactados.
Uno de los puntos más cuestionados es la disolución de una Consejería dedicada específicamente a la implementación del Acuerdo de Paz, lo que ha levantado dudas sobre el compromiso real del gobierno de Petro con este proceso histórico. Además, se señala un «freno» aplicado a algunos compromisos del Acuerdo, lo que ha generado incertidumbre entre los sectores interesados en la consolidación de la paz en Colombia.
A pesar de las cifras proporcionadas por el propio gobierno que podrían indicar un estancamiento en la implementación, el presidente Petro ha manifestado su disposición a acudir ante las Naciones Unidas para denunciar los presuntos incumplimientos al proceso de paz. Sin embargo, en caso de llegar a este escenario, el mandatario deberá rendir cuentas por las decisiones adoptadas durante su gestión, lo que incluiría justificar los retrocesos identificados en el Acuerdo de Paz.
El análisis crítico sobre la gestión de Petro en este aspecto se intensifica, destacando la importancia de una implementación efectiva y coherente del Acuerdo para garantizar la consolidación de la paz en Colombia.
Ausencia de Consejería Presidencial para el Acuerdo de Paz
El compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz ha sido uno de los temas centrales desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de la República. Sin embargo, uno de los cambios más significativos en la estructura gubernamental ha sido la ausencia de una Consejería presidencial específica para este propósito.
Antes de la administración de Petro, la Presidencia contaba con la Consejería para la Estabilización y la Normalización, que funcionaba como un vínculo clave entre todas las entidades estatales y los compromisos del Acuerdo de Paz. Emilio Archila, quien fungió como el último consejero para la estabilización, subrayó la importancia de tener una figura de alto nivel político que actuara como interlocutor en temas tan trascendentales como la paz.
Sin embargo, la decisión de Petro de suprimir esta Consejería, creada durante el mandato del expresidente Iván Duque, marcó un cambio significativo. En su lugar, se estableció la «Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz», dirigida por Gloria Cuartas y cuatro funcionarios de planta. No obstante, esta nueva unidad se limita principalmente a brindar asesoramiento a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, sin tener el mismo nivel de coordinación que ofrecía la Consejería anteriormente existente.
Este cambio en la estructura gubernamental ha generado debates sobre la efectividad y la coherencia de las políticas destinadas a la implementación del Acuerdo de Paz, resaltando la importancia de contar con mecanismos sólidos de coordinación y seguimiento para garantizar el avance continuo en este proceso histórico.
Restitución de tierras ¿cómo va?
Además de la preocupación por la estructura gubernamental, también se han planteado críticas sobre otros compromisos, como la restitución de tierras. Según un informe de la Fundación Forjando Futuros, durante el Gobierno de Petro se han restituido significativamente menos hectáreas en comparación con su antecesor. Este informe reveló que, bajo el mandato de Petro, se han restituido 71,000 hectáreas, en contraste con las 161,000 hectáreas restituidas durante un período similar en el mandato anterior.
Hasta el momento, se han restituido 665,000 hectáreas, representando solo el 10.5% de la meta inicial de restituir 6.5 millones de hectáreas. Emilio Archila, quien ha defendido la gestión del Gobierno anterior en este aspecto, destacó los avances realizados durante ese período, incluyendo reformas en el sistema de catastro y la entrega de títulos de tierra a campesinos y personas desplazadas. Estos datos resaltan la necesidad de una revisión exhaustiva de los avances y desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz bajo la administración actual.
Estancamiento en la Sustitución de Cultivos Ilícitos
El presidente Gustavo Petro ha abogado constantemente, incluso a nivel internacional, por un cambio en la política antidrogas, enfatizando en la necesidad de dejar de perseguir a los cultivadores de hoja de coca y dirigir los esfuerzos hacia el narcotráfico.
El punto 4 del Acuerdo de Paz presentó la opción de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, reglamentada a través del Programa Nacional Integral de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS).
Este programa brinda a los campesinos cocaleros la oportunidad de cambiar sus cultivos ilegales por alternativas legales, con respaldo técnico y financiero del Estado. Sin embargo, la administración de Petro ha mantenido estancada la inversión en este programa.
Hasta abril de este año, el PNIS solo había ejecutado el 5% de los 768.000 millones de pesos asignados como presupuesto desde el 2023.
Desafíos en la Seguridad de los Excombatientes
Desde el partido Comunes han levantado la voz en protesta por lo que perciben como un incumplimiento del Gobierno en materia de seguridad para los reintegrados.
El 3 de mayo pasado, la Unidad Nacional de Protección (UNP) nombró a Natalia Parada en la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, una entidad establecida en el Acuerdo de Paz como una garantía de seguridad para los firmantes. Esta subdirección administra la seguridad de los excombatientes y miembros del partido Comunes, entre otras funciones.
Para los firmantes, esta protesta no es una simple demanda caprichosa. Según lo establecido en el Acuerdo, las decisiones en esta subdirección deben basarse en el principio de confianza y concertación entre el Gobierno y los reintegrados.
«Al día de hoy, hemos registrado 423 asesinatos en los que la UNP es responsable por no cumplir con sus funciones de protección a los firmantes», señaló Pastor Alape, miembro del último Secretariado de las Farc y delegado de Comunes ante el Consejo Nacional de Reincorporación.
Para los firmantes, esto representa una garantía crucial, ya que 80 excombatientes han sido asesinados mientras esperaban una respuesta sobre las garantías de protección por parte de la UNP.
Siguen las repercusiones del anuncio que hizo el presidente de denunciar el incumplimiento del acuerdo de paz firmado en 2016 ante la ONU, porque precisamente es él quien debe garantizar que se cumpla el acuerdo.
