Violadores de niños no tendrán cadena perpetua

Marcela Arboleda Arias – comunitaria@eldiario.com.co

El proyecto de acto legislativo busca reformar la Constitución Política específicamente en su artículo 34, en donde se prohíbe la prisión perpetua. Para el docente investigador de la Facultad de Derecho de la Fundación Universitaria del Área Andina, Carlos Saraza, el proyecto por su estructura tiene un trámite mucho más complejo que cualquier otra ley, pues debía pasar por ocho debates en el Congreso (cuatro en la Cámara de Representantes y cuatro en el Senado).

“Hasta el momento iban dos de esos debates y recientemente habían citado en la plenaria del Senado en donde varios partidos hicieron un cuerpo colegiado y se salieron del debate, por lo tanto no se le pudo dar el trámite al acto legislativo, aunque tenían hasta el 16 de diciembre de este año para culminar los primeros cuatro debates”, explicó el docente investigador.

Así pues, el proyecto no prosperó debido a que varios partidos de oposición se negaron, y además tienen una postura muy clara en el ámbito teórico e ideológico frente a la imposibilidad de que se puedan imponer esas penas en Colombia, ya que la Constitución Política no puede ser regresiva en materia de derechos humanos que se han adquirido con luchas políticas, ideológicas, sociales y jurídicas.

Por su parte, Jimmy Valarezo Román, docente de la Universidad Metropolitana de Ecuador sede Machala, y quien está realizando una estancia de docencia en la Fundación del Área Andina, explicó que una ley que lleve consigo un ánimo de imponer una pena privativa de libertad de manera ilimitada (indistintamente el tipo de delito) afecta los derechos fundamentales,

“Definitivamente, una persona que esté privada de su libertad  toda su vida,  no va a poder reintegrarse nunca a la sociedad. Es importante indicar que el derecho evoluciona, y eso ha permitido que la concepción del derecho penal sea visto desde dos aristas, por un lado restringir  un derecho y por otro lado restituirlo,  entonces ese equilibrio que tiene que ir de la mano en el derecho penal por supuesto está ligado en la tipificación tanto de los delitos y por supuesto de las penas”, manifestó Valarezo.

Casos de abusos

Cifras del Instituto de Medicina Legal indican que en el 2018, en Risaralda se presentaron 117 exámenes médicos por presunto delito sexual. En Colombia, los exámenes médico legales sexológicos por presunto delito sexual practicados a niños, niñas y adolescentes representó el 87,45 % del total de la violencia sexual.

El 11,20 % de las valoraciones practicadas durante el año 2018 se realizaron a menores entre los 0 y 4 años de edad  (2.920), el 10,20 % de los casos corresponden a niñas de 4 años de edad o menos representado en 2.275 casos, cifra que triplica el número de casos valorados en niños (645).

Es preocupante la situación de riesgo de ser víctimas de delito sexual para las niñas entre los 10 a 13 años, pues este grupo etario representó el 41,9 % del total de valoraciones practicadas en mujeres (22.309), y registró la tasa más alta en los últimos 10 años (562,50).

Dato

El proyecto de acto legislativo no se logró ejecutar, pues hacerlo implicaría modificar la constitución y la idea es cambiar la pena sin que la constitución se vea afectada

Niños, las víctimas

A pesar de que los hechos de violación de menores son repudiables y crean indignación entre la ciudadanía, la ley colombiana es clara al indicar que condenar a una persona de manera ilimitada, atenta contra sus derechos humanos.  Por tanto, lo que en este caso debe garantizar la ley, es que este tipo de hechos no queden en la impunidad, que haya transparencia en el sistema judicial, un correcto acceso a la justicia, un debido proceso para las partes y por supuesto que los fallos se ejecuten de manera efectiva.

Actualmente, el Código Penal tiene tipificado los delitos sexuales en contra de los menores con penas de hasta ocho años de prisión, sin embargo, dicho código, con la ley 599 del año 2000 tiene previsto que  la máxima pena imponible en Colombia por un delito son de 60 años de prisión, esto significa que si una persona comete un delito a sus 18 años, estaría saliendo a los 78 años (sino tiene ningún tipo de reducción).

Los pactos

Colombia ha firmado una serie de pactos en donde indica que una condena de por vida es un atentado contra la dignidad y los derechos humanos.

Estos son algunos de los acuerdos: Declaración universal de los derechos humanos, en donde en su artículo 5° se prohíbe las penas crueles  inhumanas o degradantes; también está el pacto de los derechos civiles y políticos en su artículo 7°, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (firmada en 1969, con vigencia desde 1973), El país es miembro firmante y ratificante de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura,  las penas crueles y degradantes.

Así pues, si se revisa esa normativa internacional que Colombia ha acogido de manera voluntaria, la conclusión es que imponer una pena perpetua es ir en contravía de todos los pactos; además el artículo 93 de la Constitución de 1991 estableció la teoría del bloque de constitucionalidad,  esto implica que todos esos tratados ingresan a la normatividad interna o al orden jurídico interno por vía constitucional.

Principio de reciprocidad

Dicho principio hace referencia a que cuando un Estado reconoce un derecho de cualquier índole,  por sus luchas ya sean sociales o políticas,  no puede revertir ese derecho,  sino que tiene que buscar mejorarlo.

El principio busca tres cosas: primero  la obligación de los estados a actuar,  la obligación de los mismos a avanzar  y no retroceder sin una justa causa. Partiendo de allí,  si ya hay un derecho que ha sido reconocido,  el Estado está en la obligación de respetarlo,  garantizarlo y satisfacerlo, por tanto cambiar lo que ya estipulado en la constitución y dejar los pactos ya acordados no va de la mano con el principio mencionado.