Un delito que hay que combatir

Apenas el 6% de los casos denunciados son investigados por los jueces y algo más dramático, solo el 2,4% termina en una condena, el resto queda en absoluta impunidad.

Los datos que acaba de entregar el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana sobre la violencia y la explotación sexual infantil en Pereira y el Departamento, no pueden ser más dramáticos, ni dejar de obligar a las autoridades para revisar los que se está haciendo para combatir este horrible mal.

Según el informe oficial, entre el 2016 y el 2019 se han presentado en el Departamento 2.170 casos de violencia sexual. De ellos, en el 25% la violencia se ha ejercido sobre adolescentes entre los 12 y los 14 años, y algo más aterrador, en el 10% de los casos conocidos, las victimas eran menores de cuatro años.

Pero lo más preocupante de esto es que las estadísticas que manejan las autoridades están muy distantes de la verdadera realidad de lo que está pasando en la ciudad; pues la mayoría de las veces, las personas víctimas de este delito no acude a las autoridades para denunciar lo que le ha sucedido.

Las personas que han sufrido esta clase de constreñimientos, primero esconden el hecho porque son obligados a hacerlo o por temor a una represalia, y cuando ya se deciden a contarlo o sus padres o responsables se enteran de lo que ha pasado, prefieren callar bien para evitar un escándalo mayor o bien porque creen que poniéndolo en conocimiento de las autoridades no se logra algún resultado.

Precisamente, otra de los datos preocupantes del informe es el que tiene que ver con los resultados de las denuncias puestas por los ciudadanos y de las investigaciones realizadas por la justicia. Apenas el 6% de los casos denunciados son investigados por los jueces y algo más dramático, solo el 2,4% de ellos termina en una condena, el resto queda en absoluta impunidad.

Es decir, que esta conducta delictiva a pesar de ser una de las más abominables y de ser de común ocurrencia en la sociedad y de los efectos devastadores que ella causa no solo en las victimas sino en toda la comunidad, prácticamente no llega al conocimiento oficial de las autoridades y mucho menos es registrada y sancionada por la Justicia.

Si hay algo que merezca la condena de todos, empezando por la de la Justicia, son las agresiones sexuales en donde la víctima es un menor de edad. Por eso, es urgente que las autoridades les pongan toda la atención a los resultados del informe del Observatorio de Seguridad y se adopten las acciones que sean necesarias para enfrentar con efectividad este absurdo comportamiento de algunos miembros de la sociedad, y para dejar caer sobre ellos todo el peso de la ley.