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sábado, marzo 2, 2024

Garantizada la Alimentación Transitoria para 17.000 Reclusos en Colombia hasta Junio de 2025

Con la reciente firma de la sanción presidencial de la ley 2346 el 10 de enero de 2024, se asegura la continuidad del suministro de alimentos para 17.000 personas privadas de libertad en Colombia. La normativa garantiza este servicio de manera transitoria hasta el 30 de junio de 2025, abarcando a aquellos sindicados que se encuentran recluidos en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI).

Hasta la fecha de aplicación de la ley, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) se encargará de proveer tres raciones diarias de comida a los 17.000 reclusos beneficiarios. Esta medida abarca a una parte significativa de los 22.000 individuos sin condena que actualmente se encuentran detenidos en distintas instalaciones a lo largo del país.

A partir del 1 de julio de 2025, la responsabilidad de proveer la alimentación a la totalidad de las personas recluidas en los centros de detención transitoria recaerá en los municipios y departamentos. Esta decisión se alinea con la orden de la Corte Constitucional emitida en 2022.

El año 2023 concluyó con una asignación presupuestaria significativa, destinando $647 mil millones para cubrir las necesidades alimenticias de todos los privados de la libertad, incluyendo aquellos internos en cárceles administradas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). De este monto, cerca de $93 mil millones fueron asignados específicamente a estaciones de Policía y las URI. Para el año 2024, se proyecta una partida aún mayor de $670 mil 656 millones para garantizar la continuidad de este vital servicio.

La ley, hoy oficialmente Ley de la República, fue propuesta por el Ministerio de Justicia y del Derecho, obteniendo la aprobación definitiva del Congreso de la República a comienzos de diciembre. Su construcción contó con el respaldo de entidades territoriales como Asocapitales, Asointermedias, Fedemunicipios, y la Federación Nacional de Departamentos. Además, fue sometida a un proceso de socialización con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, asegurando la participación y el consenso de diversas instancias en su formulación.

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