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domingo, mayo 26, 2024

Declaran inconstitucional el Ministerio de Igualdad y Equidad

La Corte Constitucional emitió una resolución declarando inexequible la Ley 2281 de 2023, la cual dio vida al tan debatido Ministerio de Igualdad y Equidad, la joya de la corona de la administración del presidente Gustavo Petro. Esta decisión, que ha enviado ondas de choque a través del espectro político del país, ha sido fundamentada en un vicio de procedimiento insubsanable, marcando un hito en el camino hacia la igualdad de género y la protección de los derechos constitucionales.

La Corte, en su veredicto, identificó un grave error en el proceso legislativo que condujo a la creación del Ministerio. Al parecer, el Congreso de la República falló en llevar a cabo un análisis de impacto fiscal, un requisito esencial establecido por la Ley 819 de 2003. Este descuido fue  considerado como una violación flagrante del artículo 151 de la Constitución, que establece los parámetros de constitucionalidad y validez para las leyes ordinarias.

El impacto de esta resolución va más allá de una mera revocación de una ley. Se trata de un golpe a la estructura misma de la administración gubernamental bajo el mandato de Petro. El Ministerio de Igualdad y Equidad, concebido como el pilar central de la política de inclusión social y de género, ahora enfrenta la sombra de la extinción.

Sin embargo, la Corte optó por una medida cautelar, diferir los efectos de esta decisión durante dos legislaturas, con el objetivo de evitar una desarticulación institucional que podría poner en riesgo la implementación de políticas destinadas a garantizar los derechos de grupos vulnerables, como madres solteras y personas con discapacidad. Esta prórroga brinda al gobierno la oportunidad de reajustar su enfoque y cumplir con los requisitos legales necesarios para la creación del Ministerio, o bien, reorganizar la administración pública para evitar un vacío en la protección de los derechos constitucionales.

No obstante, este aplazamiento no ha estado exento de controversia. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar emitió un voto parcialmente salvado, mientras que otros miembros de la Corte reservaron la posibilidad de aclarar su posición en el futuro, evidenciando la complejidad y las implicaciones de esta decisión.

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