Un análisis de Frontier View advierte que liquidar de manera masiva las EPS intervenidas podría generar dificultades para reubicar a millones de afiliados. La propuesta plantea pagar gradualmente obligaciones que rondarían los $58 billones y acompañar la medida con una inyección inicial de recursos.
La crisis financiera del sistema de salud colombiano requeriría una solución que vaya más allá de decidir qué EPS continúan funcionando y cuáles deben salir del mercado. Un análisis presentado por Frontier View propone establecer un programa de pagos de entre ocho y diez años para atender progresivamente las obligaciones acumuladas y evitar que una liquidación simultánea de aseguradoras termine afectando la atención de los pacientes.
La propuesta fue explicada por Santiago González, analista para la región andina de la firma, quien sostuvo que el problema no está únicamente en las dificultades financieras de las EPS intervenidas, sino en la capacidad que tendría el resto del sistema para recibir a sus usuarios.
¿Por qué no liquidarlas todas?
El estudio tomó como referencia las cifras oficiales de afiliación disponibles a julio de 2026. De acuerdo con González, incluso las EPS que actualmente no se encuentran intervenidas tendrían limitaciones para absorber de manera inmediata a los afiliados que quedarían sin aseguradora ante una eventual liquidación masiva.
Dentro del ejercicio fueron analizados diferentes criterios técnicos y financieros. Según el investigador, Sura y Salud Total cumplen dos de los tres parámetros revisados, mientras otras entidades presentan condiciones menos favorables y algunas no cumplirían ninguno de ellos.
A esto se suma un problema geográfico. Varias de las EPS bajo medidas especiales tienen presencia significativa en regiones como La Guajira, Putumayo y los Llanos Orientales, territorios donde las aseguradoras que eventualmente recibirían a esos afiliados no necesariamente disponen de redes suficientes de clínicas, hospitales y prestadores.
La propia Superintendencia Nacional de Salud explica que una intervención no equivale automáticamente al cierre de una EPS. La medida busca corregir problemas financieros y de prestación y, dependiendo de su evolución, la entidad puede recuperar su operación, continuar intervenida o terminar en liquidación. La Supersalud también reconoce que un cierre inmediato de grandes aseguradoras obliga a trasladar usuarios y puede generar dificultades para mantener tratamientos, medicamentos y citas.
Una deuda que habría llegado a $58 billones
La principal propuesta de Frontier View consiste en reconocer la magnitud de las obligaciones y diseñar un calendario para pagarlas.
González explicó que anteriormente se había considerado un esquema de cuatro años, distribuyendo los pagos en proporciones de 40 %, 30 %, 20 % y 10 %. Sin embargo, el crecimiento de las obligaciones habría dejado corto ese planteamiento.
Según las cifras citadas por el analista, la deuda habría aumentado de alrededor de $38 billones a cerca de $58 billones, razón por la cual plantea ampliar el horizonte de pago hasta ocho o diez años.
La idea sería que los recursos ingresen progresivamente a clínicas, hospitales y demás acreedores sin generar una presión financiera imposible de asumir en una sola vigencia.
Hospitales también están en riesgo
Uno de los puntos centrales del análisis es que la crisis de las EPS termina trasladándose directamente a los prestadores.
Hospitales, clínicas, proveedores de medicamentos y otros actores continúan atendiendo pacientes mientras mantienen cuentas pendientes de pago. Por eso, una liquidación que no garantice previamente el reconocimiento de esas obligaciones podría profundizar sus problemas de liquidez.
La preocupación ya se refleja en las cifras de la red pública. Un informe de la Contraloría citado a comienzos de 2026 indicó que la deuda de los hospitales públicos había aumentado de $12,5 billones en 2024 a $16,28 billones entre enero y septiembre de 2025, mientras disminuía la proporción de lo facturado que efectivamente recibían las instituciones.
Un plan de choque de $10 billones
Además del programa de largo plazo, González plantea un plan inicial de choque por aproximadamente $10 billones, destinado a recuperar liquidez y permitir que los recursos comiencen a circular nuevamente entre aseguradores y prestadores.
El principal interrogante es de dónde saldría ese dinero. El propio análisis reconoce que las fuentes de financiación todavía tendrían que ser definidas y que una solución de esta magnitud probablemente superaría un solo periodo de gobierno.
Si llegaran a concretarse acuerdos financieros, González calcula que un mayor flujo de recursos podría comenzar a sentirse hacia mediados de 2027. Sin embargo, advierte que esa inyección sería apenas un alivio de liquidez y no resolvería por sí sola todos los problemas estructurales del sistema.
Por ahora, se trata de una propuesta técnica y no de un plan oficialmente adoptado por el Gobierno. El debate continúa entre varias alternativas: recuperación financiera de las EPS, continuidad de las intervenciones, eventuales liquidaciones y mecanismos para garantizar que las deudas con hospitales, clínicas y proveedores puedan ser atendidas sin interrumpir los servicios a los pacientes.
