Gobierno prepara línea de crédito de ADRES para pagar deudas de las EPS

La propuesta busca que los recursos lleguen directamente a hospitales, clínicas y proveedores para cubrir obligaciones relacionadas con medicamentos y procedimientos que ya fueron atendidos.

El Gobierno Nacional prepara una nueva herramienta para enfrentar el represamiento de servicios y las dificultades financieras que atraviesa el sistema de salud. Se trata de una línea de crédito con recursos administrados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), destinada a que las EPS puedan ponerse al día con parte de las obligaciones que mantienen con hospitales, clínicas y proveedores.

La iniciativa está contenida en un proyecto de resolución del Ministerio de Salud y hace parte del Plan de Choque en Salud. Por ahora, el documento se encuentra en etapa de comentarios, por lo que sus condiciones podrían modificarse antes de una eventual aprobación.

El dinero no llegaría directamente a las EPS

Uno de los principales elementos del mecanismo es que los recursos no serían entregados libremente a las EPS. La propuesta establece que la ADRES realizaría el giro directamente a las instituciones prestadoras de servicios de salud y proveedores que tengan obligaciones reconocidas por parte de las aseguradoras.

Los recursos estarían destinados exclusivamente a cubrir deudas relacionadas con medicamentos y procedimientos que fueron reportados como pendientes y que posteriormente hayan sido efectivamente suministrados o realizados, facturados, validados y conciliados entre las partes.

De esta manera, el crédito estaría dirigido a generar liquidez dentro de la cadena de atención y no a financiar servicios futuros que todavía no hayan sido prestados.

¿Cómo funcionaría el crédito?

De acuerdo con el borrador conocido, las EPS podrían acceder al mecanismo una sola vez y los créditos tendrían una tasa equivalente al IPC, sin intereses comerciales adicionales. También se contempla un período de gracia de hasta 12 meses y posteriormente un plazo de hasta otros 12 meses para amortizar la obligación.

La propuesta establece además mecanismos para proteger los recursos públicos. En caso de incumplimiento o de que una EPS entre en determinadas situaciones administrativas, la ADRES podría exigir anticipadamente el pago de la obligación y utilizar los mecanismos previstos para recuperar el dinero.

Las EPS sometidas a intervención forzosa administrativa para liquidación, así como aquellas que estén en proceso de retiro voluntario del sistema, quedarían excluidas de la posibilidad de acceder a esta línea, según el proyecto.

La medida busca atender a pacientes con servicios represados

La iniciativa se articula con la primera fase del Plan de Choque en Salud, mediante el cual el Ministerio de Salud identificó 1.069.196 usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes. De ese total, más de 700.000 corresponden a usuarios con medicamentos pendientes y más de 300.000 a pacientes con procedimientos represados.

El Gobierno plantea que el mecanismo financiero permita destrabar las obligaciones económicas que dificultan la prestación de esos servicios y facilitar que los recursos lleguen a quienes hacen parte de la red encargada de atender a los pacientes.

El Ministerio también anunció que el proceso tendrá seguimiento de entidades como la ADRES y la Superintendencia Nacional de Salud, con el propósito de verificar tanto la reducción de los pendientes como el destino de los recursos.

Una propuesta que todavía debe surtir el trámite

Aunque el Gobierno ya presentó el mecanismo, la línea de crédito todavía no está en ejecución definitiva. El proyecto de resolución permanece abierto a comentarios y deberá completar el proceso correspondiente antes de convertirse en una medida vigente.

Por ahora, la apuesta oficial es utilizar recursos administrados por la ADRES para aliviar obligaciones ya causadas y acelerar la atención de pacientes que permanecen a la espera de medicamentos o procedimientos, mientras las autoridades mantienen el seguimiento sobre las EPS y los prestadores de salud.

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