Victoria temprana
El abogado pereirano Leonardo Huerta Gutiérrez presentó recientemente, en un congreso nacional, lo que calificó como “una victoria temprana” del Departamento Administrativo de la Función Pública, posición que ocupa desde hace un mes. Explicó que la hoja de vida que deben diligenciar los funcionarios públicos, y cuyo desarrollo costó alrededor de $8.000 millones en el pasado gobierno (según sus propias palabras), se había convertido en una verdadera pesadilla. Con los ingenieros de sistemas propios de la oficina, en menos de 30 días se estructuró un nuevo formato de hoja de vida, más amigable y fácil de diligenciar, el cual se aplicará a partir del mes de octubre.
Cuota de Pereira
A propósito, Huerta Gutiérrez ha venido conformando su equipo de trabajo en el Departamento Administrativo de la Función Pública con funcionarios de su entera confianza. Es el caso de Mateo Zuluaga Robledo, a quien nombró como director de Gestión y Desempeño Institucional. Zuluaga Robledo, quien es abogado de amplia trayectoria, se venía desempeñando como director de Espacio Público de la Secretaría de Gobierno en la Alcaldía de Pereira. La posesión respectiva ya se llevó a cabo en Bogotá.
Otro a la arena
El abogado Jorge Mario Trejos decidió dar un paso al costado y renunció a su cargo como secretario de Gobierno de Pereira, con vigencia desde octubre. En su reemplazo su designado Sebastián Madrid Soto, subsecretario de gobierno, nombramiento que no cayó nada bien entre muchas personas dado su permanente mal carácter y la forma poca cordial de impartir las órdenes. Entre otras cosas, la renuncia de Trejos obedece a su decisión de no inhabilitarse para hacer el lanzamiento su candidatura a la Alcaldía de Pereira, supuestamente bajo el amparo de la casa Noreña – Salazar. Comentan en los pasillos de la Alcaldía que un camino similar está próximo a tomar Cristian Toro, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, quien tiene iguales pretensiones. ¿Cuál será el candidato de María Irma y Mauricio? Aún no lo sabemos.
Se acaba el tiempo
Lo cierto es que a los funcionarios públicos que pretendan aspirar a cargos de elección popular en los comicios previstos para el último domingo de octubre del 2027 les queda algo más de un mes para retirarse. Las normas electorales indican que un año antes de las elecciones deben estar por fuera de los cargos públicos y eso aplica para aspirantes a las Gobernaciones, a las Asambleas Departamentales, a las Alcaldías y a los Concejos Municipales. Nos indican que otro que está en ese plan es, precisamente, el secretario de Gobierno del Risaralda, Israel Alberto Londoño. Ese plazo de un año aplica también para quienes pretendan lanzarse por un partido o movimiento político distinto al que les dio el aval, para evitar sanciones por doble militancia.
El caso de Cartago
En días recientes se realizaron las elecciones atípicas para escoger el nuevo alcalde de Cartago, Valle, a cuyo titular Juan David Piedrahita en abril se le había anulado esa dignidad por incurrir en doble militancia. Lo curioso es que Piedrahíta volvió a presentarse como candidato a la alcaldía en las elecciones que se realizaron el pasado 20 de septiembre. El funcionario obtuvo un total de 17.894 votos, que representan el 53.3% del total de los sufragios depositados ese día. El segundo en ese registro fue Óscar Esteban Morillo y el tercero César David Grajales. Hay tres detalles que es necesario analizar: 1º. ¿Podía Piedrahita aspirar después de haber sido anulada su anterior elección? 2º. ¿Porqué la votación general fue significativamente baja en relación con el potencial electoral? 3º. ¿Quién ocupará la curul de la oposición en el Concejo: el segundo en las elecciones del 2023 o el segundo en las atípicas del 2026?
La sede de Carrefour
Mientras es desesperante la búsqueda de áreas y oficinas adecuadas para el ejercicio de actividades institucionales, comerciales o industriales debido a las afectaciones del pasado terremoto, hay edificaciones que bien se podrían utilizar para ese propósito. Es el caso de las enormes instalaciones de la gran superficie de Carrefour en la avenida del Río que permanecen en estado de abandono desde que se cerró el supermercado. Se afirma que la sede de Carrefour se podría adecuar para albergar allí a algunas secretarías de despacho o instituciones descentralizados, tanto de la Gobernación de Risaralda y de la Alcaldía de Pereira.
Risaralda no existe para Telecafé
Según lo denunció la diputada Paola Nieto, la pretensión de la gerente del canal regional Telecafé, Amanda Jaimes Mendoza, es acabar con la sede de esa empresa en Pereira y centralizar todas las labores, administrativas e informativas en Manizales. Así lo afirmó en una sesión de la Asamblea Departamental en la cual presentó un video donde se evidencian las precarias condiciones en que se encuentra Telecafé en sus instalaciones ubicadas en el antiguo Edificio de Rentas en la Plaza Cívica. A pesar de que ya han transcurrido 56 días del terremoto, la gerente de Telecafé no ha movido un dedo por la sede del canal en Pereira, que permanece casi que en estado de abandono y con muchos daños por reparar. “Las condiciones de Telecafé en Pereira son deplorables. Por fuera está tirado desde hace mucho tiempo y huele horrible a pesar de ser patrimonio arquitectónico. No se ha hecho absolutamente nada por Telecafé y solo se ve bonito el aviso”, apuntó la diputada.
Un descaro
Volar de Bogotá a Pereira, un trayecto que toma entre 35 y 40 minutos, puede costar más de $1.100.000, mientras que el tiquete aéreo entre Bogotá y Cartagena apenas vale unos $230.000. La denuncia de esta absurda situación fue hecha en el Congreso de la República por la senadora risaraldense María Irma Noreña quien solicitó tarifas más económicas para atraer turistas y recuperar los ingresos de las familias afectadas por el terremoto, que se dedican a sectores como: la gastronomía, el turismo, el comercio, entre otros. En la reunión de la Comisión Accidental Bicameral de seguimiento a los damnificados, dijo que es necesario bajarles el costo a esos tiquetes para facilitar la llegada de visitantes y que beneficien a las familias que viven del turismo, la gastronomía y el comercio. En Risaralda la ocupación hotelera cayó de un 80% a un 35% por efecto del terremoto de agosto.
Cómo va la reconstrucción
Con el objetivo de revisar qué ha pasado en el occidente colombiano a consecuencia del devastador terremoto de agosto, se reunirá en Pereira la Comisión Sexta del Senado de la República, el viernes 9 de octubre próximo, justamente dos meses después del movimiento telúrico. Por iniciativa de la senadora risaraldense María Eugenia Londoño Ocampo esa comisión realizará una audiencia pública en la sede de Expofuturo ese día a partir de las 8:00 a.m. Indicó la congresista del Pacto Histórico que el propósito es “escuchar a las comunidades, instituciones y sectores sociales para avanzar en respuestas frente a las necesidades de atención, reparación y reconstrucción de la región cafetera después del terremoto”.
“Nos tumbaron”
Es un verdadero misterio el monto de dinero que “le tumbaron” al alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez, los estafadores que se hicieron pasar como asesores del senador Antonio Correa. Mediante una llamada telefónica le anunciaron al alcalde la entrega de una importante donación con destino a los damnificados por el terremoto de agosto en ese municipio, pero con la condición de que el mandatario cubriera los costos de transporte y logística. Una vez depositado el dinero y cuando Jiménez fue alertado de que se trataba de una estafa, ya era demasiado tarde. Dicen que el alcalde les giró a los pillos $6.400.000, pero hay quienes argumentan que fue más dinero. El propio Jiménez se ha abstenido de revelar detalles al respecto.
