Un centro de estudio para medirle el pulso a las políticas públicas de inversión, por ejemplo, en las bibliotecas.
Alan González Salazar
A 30 años de la Ley del Libro y a la par que en la ciudad de Pereira se consolidan procesos de gran impacto cultural y literario, podríamos este año 2023 vernos como ese eje dinamizador de los cambios que requiere la Ley 98 de 1993, proponer en charlas, talleres y conferencias la actualización del articulado al Gobierno Nacional y al Congreso, esto dentro de la “Feria, Paisaje, Café y Libro” que cada año realiza la Cámara de Comercio en alianza con la Secretaría de Cultura y otras entidades, siempre que la ley permite declarar estas ferias regionales del libro como eventos culturales de carácter nacional, podemos entonces aspirar a este beneficio y a otros tantos que en materia de circulación y tributación se plantean.
Según la última encuesta nacional de lectura que en el año 2017 realizó el DANE, a la mitad de la población colombiana, personas de 12 años y más, no les gusta ni leer ni escribir, de allí la necesidad de posicionar ahora el libro como el dispositivo cultural por excelencia que en los 200 años de vida republicana ha tenido como fin afianzar y fortalecer la producción intelectual y con ello la participación y las libertades democráticas.
En este sentido, en Risaralda deberíamos crear un Observatorio del Libro y la Lectura para discutir los insumos del recién creado Plan Departamental (2022-2032), compilado por las investigadoras Carolina Saldarriaga y Nathalia Gómez Raigosa, un centro de estudio para medirle el pulso a las políticas públicas de inversión, por ejemplo, en las bibliotecas, en el capital humano, es decir, en los promotores de lectura, ya que aún debemos resolver como región los grandes retos que señala la encuesta nacional de lectura, en la que ocupamos –como ciudad- un lugar marginal.
Ahora que la Ley del Libro cumple 30 años, deberíamos como ciudad marcar el punto, el lugar de encuentro para la confrontación de la normatividad, de las exenciones y la responsabilidad tributaria que señala la ley, puesto que en la práctica los vacíos interpretativos frente a la misma signan, hoy por hoy, la dinámica comercial de la pequeña y mediana industria editorial.
Resulta imperioso restablecer el tratamiento diferencial del libro como producto cultural que debería tener exenciones, como en otros sistemas fiscales, cuando en la nueva reforma tributaria del Gobierno se hace efectivo el cobro de la tasa especial de impuesto de renta, concertada en un 15 %, cuando estaba en 9 %, índice que afecta la rentabilidad de esta industria y que no se equipara ni conduele de la realidad lectora y la transformación científica y cultural que requiere el país, debería en consecuencia actualizarse los demás aspectos del articulado… considérese, por ejemplo: Si Colcultura cerró sus puertas en el año de 1997, ¿qué otra entidad en la actualidad debería asumir las responsabilidades del Instituto Colombiano de Cultura? Pasa igual con la Administración Postal Nacional, la cual dejó de funcionar en el año 2006, mencionada en la ley y necesaria ahora para la circulación de los libros, para la lectura de los escritores nacionales.
En últimas, el trabajo conjunto de las librerías, los editores y escritores, permitirá posicionar al Eje Cafetero en el debate en torno a las prácticas y los hábitos de la lectura, del libro como objeto de primera necesidad, pero esto no será posible hasta que no se garantice un espacio idóneo, ¡nótese bien! Al archivo bibliográfico y documental, hasta que no se concrete en el Edificio de Rentas la Biblioteca Departamental Jaime Ochoa, no dejaremos de ser una región rezagada, al margen de la investigación y del mercado editorial, si no trabajamos en conjunto, si la academia actúa de forma aislada, si las agremiaciones de escritores y el sector público no concilian posiciones en la tabla de sus valores literarios, las demás prácticas asociadas al libro no encontrarán mayor asimilación ni interpretación por parte de la sociedad colombiana.
