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viernes, agosto 19, 2022

Nuevo plan de manejo para las áreas protegidas

La Cárder como autoridad ambiental y atendiendo lo promulgado por la Ley 99 de 1993 y el Decreto 2372 de 2010, tiene la misión de promover la gestión de las áreas protegidas de carácter regional.

En una decisión unánime, el Consejo Directivo de la Cárder aprobó la actualización de 16 Planes de Manejo para las áreas protegidas de Risaralda. Esta versión actualizada constituye el principal instrumento de planificación que orienta la gestión de conservación para un periodo de cinco años, conforme a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, por lo cual tendrán vigencia entre el año 2021 y el 2026.

“Es una excelente noticia para el Departamento, la aprobación de los 16 Planes de Manejo de las Áreas Protegidas de carácter regional y la precisión en dos más, hoy contamos con un instrumento de planificación  que nos permite conocer cuáles son las actividades que se pueden ejecutar en la áreas protegidas y cuáles son coherentes con los objetivos de desarrollo fijados en ellas, por eso celebramos la decisión que se ha tomado”, dijo la directora general (e) de la Cárder, Tatiana Margarita Martínez Díaz Granados.

Asimismo, señaló que los planes de manejo se convierten en un termómetro que permite medir el excelente estado de conservación en el que se encuentran las áreas protegidas.

Para cumplir con el objetivo de la actualización, la CARDER inició en 2019 un arduo proceso que involucró a 12 profesionales y un importante equipo de contratistas de la Corporación Autónoma, a fin de definir la metodología de trabajo que permitiera la recolección de información a través de diferentes actores sociales y recorridos en las 22 áreas protegidas de Risaralda; dicha metodología permitió consolidar bases de datos, planes operativos, cartografías e indicadores individuales de cómo está avanzando la preservación de estas áreas.

Con lo anterior, los planes de manejo materializan un trabajo técnicamente riguroso que se verá reflejado en la salud ambiental de las áreas protegidas y a su vez garantizan la participación ciudadana en la regulación del uso de los recursos naturales y el logro de los objetivos de conservación de estos territorios.

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