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domingo, octubre 2, 2022

Los bosques perdieron a uno de sus más firmes defensores

Desde el 2005, cuando finalizó un proyecto de cooperación con la Agencia Alemana de Desarrollo, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda se ha convertido en un referente a nivel nacional en materia de Gobernanza Forestal. Posteriormente, la Cárder lideró proceso de ésta naturaleza con otras tres corporaciones regionales, financiado con recursos internacionales, el cual fue el primero de este tipo en América Latina. En el 2010 se puso en marcha el proyecto de “Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia” el cual pasó de cuatro a 11 corporaciones autónomas. Y desde el 2016, en el marco de un convenio entre la Unión Europea y el Ministerio de Ambiente, se está trabajando en este campo con las 41 corporaciones del país.

En algo más de una década de trabajo se han implementando, entre otras cosas, el Pacto Insterinstitucional por la Madera Legal y otros once instrumentos de gobernanza forestal para modernizar la administración forestal en las autoridades ambientales. Al frente de este trabajo tan importante en la defensa de estos recursos naturales estaba Rubén Darío Moreno Orjuela, coordinador del proyecto de cooperación internacional con la FAO sobre Gobernanza Forestal, quien falleció hace poco más de una semana.

Sin duda ello representa una sensible pérdida para este tipo de programas, dado el liderazgo y el conocimiento que Moreno Orjuela tenía en este campo, así como el entusiasmo y compromiso con el que llevaba a cabo su labor.

La gobernanza forestal, según sus propias palabras, “es un modo de gestionar los bosques donde el Estado y los actores que tienen que ver con él nos reconocemos como iguales, cada uno tiene un papel fundamental, un poder sobre el tema que maneja, pero se necesita que entre todos nos pongamos de acuerdo en qué es lo que esperamos de los bosques y cómo se deben hacer las rendiciones de cuentas. En el caso nuestro, como autoridad regional ambiental, tenemos una función que desempeñar y cual es nuestro papel, pero también debemos tener claro cuál es el papel de los dueños de los bosques”.

En una entrevista que concedió a EL DIARIO hace dos años, Moreno explicó la importancia de la formulación del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia, que puso sobre el escritorio el tema de la ilegalidad forestal. Así mismo, e el CONPES 3919 del 23 de marzo de 2018, donde se adopta la política nacional de edificaciones sostenibles, uno de los temas que plantea es que el que vaya a comprar madera tiene que reconocer la legalidad y pedir el salvoconducto único nacional o la revisión ICA.

En ese entonces, Moreno señaló el alcance del aporte que este pacto representa para la gobernanza forestal: “Lo que hemos hecho es un proyecto forestal distinto de los que se ejecutan tradicionalmente. Cuando se hace un proyecto de éstos, la gente espera que se haga siembra de árboles o manejo de bosques, que entre usted al bosque a trabajar. Nosotros lo que hemos entendido es que el manejo de los bosques también se hace por fuera de ellos: se necesitan instrumentos de política y éstos se generan en otros escenarios, instrumentos de mercado y éstos se manejan por fuera del bosque, se necesita visibilizar la legalidad o la ilegalidad y eso se hace en otros escenarios. Los proyectos de gobernanza forestal se hacen con los dueños del bosque, con los comerciantes, con los industriales, con los empresarios, con las corporaciones autónomas. Y esta es una tendencia que se mueve a nivel mundial, no nos lo estamos inventado aquí: hoy los grandes mercados del mundo están exigiendo que usted demuestre legalidad”.

Al abordar este tema, hay que destacar que un estudio del Banco Mundial, de diez años atrás, dice que el 42 % de la madera que se comercializa en Colombia es ilegal. En Risaralda los análisis realizados proyectan que puede estar entre el 42 y el 45 % de ilegalidad.

Es de indicar que gracias al trabajo de Rubén Darío Moreno, la Cárder es reconocida como autoridad ambiental de vanguardia, fue la primera corporación que certificó bajo estándares internacionales el manejo de bosques naturales de guadua en el mundo, fue generadora del Pacto Intersectorial por la Madera Legal con el apoyo del Ministerio, Fedemaderas y WWF Colombia y generó dos aplicativos digitales gratuitos para ubicar madera e identificar especies maderables.

Vale destacar el concepto que este profesional tenía acerca de la forma cómo se debía abordar el tema forestal en el país: “El tema forestal hay que mirarlo de otra manera. No es: siembre de árboles ni no corte árboles. En esos dos extremos nos hemos movido. Pero el asunto es tan complejo, que no son esas dos cosas. Lo que hay que preguntar: ¿para qué se están tumbando la madera? ¿Quiénes son los actores que están promoviendo la deforestación? ¿Es el sector forestal que necesita madera? No. Están tumbando los bosques para darle paso a la ganadería”.

Y, por último, destacó lo siguiente que queda a manera de reflexión:

“Lo que este proceso de Gobernanza Forestal ha hecho con todas las corporaciones autónomas regionales es tratar de hacerle entender a la gente que el problema del bosques no es ni no tumbar, ni no sembrar. Tenemos cosas mucho más complejas: hay que entender un negocio que no hemos sido capaces de entender. Si en el sector maderero la ilegalidad es del 42 % en un negocio de un billón 200.000 millones de pesos, estamos hablando de más de $ 450.000 millones al año en madera ilegal. Pero en realidad en muchas regiones, como la Amazonia, se está tumbando el bosque porque la gente cree que el bosque es del Estado y que a éste no hay que dejarle nada”.

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