2020. Imaginarios educativos de paz y convivencia

Gonzalo Hugo Vallejo Arcila

Hace 30 años, la UNESCO adoptó la declaración internacional de Sevilla (1986). En ese congreso se rechazó como científicamente incorrecta la teoría que sostiene que las personas están biológica y/o genéticamente programadas para la violencia o la guerra. Esta organización mundial reconoce que la educación juega un papel importante y decisivo en la construcción de una cultura de paz. Ésta contribuye desde el conocimiento, la conducta y la emocionalidad, al desarrollo de habilidades y destrezas para la interiorización, apropiación y afianzamiento de prácticas vivenciales y cotidianas donde el mundo biopsicosocial viabiliza a través de la dimensión actitudinal, principios y valores pacifistas.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el término “paz” como “situación y relación mutua de los que no están en guerra o sosiego y buena correspondencia de unos con otros, en contraposición a disensión, riñas y pleitos”. Debe superarse aquella definición simplista que tipifica la paz como ausencia de conflicto y de guerra (“Somos conflictivos por naturaleza”). El conflicto es una manifestación sociocultural de disenso y/o divergencia que discurre a través de un proceso lógico-natural, motor de transformación y creación de relaciones humanas. Esta concepción ha llevado a confundir el conflicto con una manifestación de odio, agresión, violencia e intolerancia.

En lugar de ser entendida como ausencia de guerra, hoy, en el dramático transcurrir de nuestros días, la paz debe ser vista, semantizada, valorada y aprehendida como categoría que trae connotaciones tales como cooperación, integración, compasión y solidaridad. Involucra, a su vez, formas de crear estructuras sociales más humanas, equitativas y justas en tránsito hacia un nuevo ordenamiento político tolerante y pacifista, antítesis de un mundo marginal y opresivo cuya plataforma ideológica, construida desde la praxis de las disciplinas sociales, aboga por el disfrute de la justicia y la equidad tanto económica como social, al igual que la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Para el político español Federico Mayor Zaragoza, exdirector de la Unesco (1987-1999) y del decenio de la tolerancia (1.995), convivir (“cum-versare”: “dar vuelta juntos”) significa compartir vivencias juntos, encontrarse y conversar. “Aprender a convivir es una finalidad básica de la educación. Se trata de sumar esfuerzos para dar respuestas favorables, conscientes de que la educación para la convivencia democrática y la ciudadanía, para la igualdad entre hombres y mujeres, la educación intercultural, en definitiva, la formación para una cultura de paz, son desafíos que la escuela no puede obviar si quiere encontrar alternativas, positivas y constructivas, a los problemas escolares y sociales del siglo XXI”.

Los asuntos a atender en la década 2020 -2030, tendrán que ver con el apogeo de las redes cognitivas, las políticas de ciencia y tecnología, el desarrollo de una pedagogía de la empatía y la emocionalidad unida a una filosofía de la creatividad. No solo hablaremos de equipos y tubos de ensayo, decía José Miguel Aznar en una de sus alocuciones: “Son la clave para el mejoramiento de la calidad de vida, de la sanidad, del medioambiente, de la educación y de la administración pública en su trato con los ciudadanos”. El futurólogo estadounidense Alvin Toffler afirmaba que los analfabetas del siglo XXI “no serán los que no puedan leer y escribir, sino quienes no puedan aprender, desaprender y reaprender”.

Es necesario redefinir el concepto de ciudadano que no es solo quien puede elegir y ser elegido, sino, además, el sujeto activo en la definición y búsqueda de un destino personal y colectivo. Ese protagonismo supone interés por el bienestar común; participación en los debates públicos donde se discuten asuntos cruciales de su ciudad-región; autonomía y responsabilidad propositiva en tomas de decisión frente a iniciativas de acción individual y corporativa, Una constitución que asegura a todos los ciudadanos la libertad política y que capacita y forma para la igualdad social, tiene como esencia el respeto a la persona y a la dignidad humanas, afirmaba Jean Jaurés (“La instrucción moral en la escuela”).

La formación de los ciudadanos no solo es una tarea social, sino también educativa. Esta es la principal responsable de que nuestra sociedad no tenga una cultura ciudadana y de la mayoría de problemas sociales que nos aquejan. Hay que activar las iniciativas ciudadanas en el marco de la vida municipal con soluciones locales a problemas locales, todo ello dentro del marco pedagogizador de una ética sobre el cuidado de lo público. Nuestra Constitución habla del fomento de prácticas democráticas para el aprendizaje de principios y valores en el marco de la participación ciudadana. Una educación ciudadana no tendrá valor ni sentido algunos más que por el aprendizaje entronizador de una ética de lo público.

Concebiremos los derechos humanos como una posibilidad ética, una forma de asumir la vida, una manera de ser y estar. Todo ello implica trascender el marco legal formal y adentrarse en una cultura comunitaria, de cara a los intereses, necesidades y aspiraciones del ciudadano. Esta es una nueva forma de concebir los derechos humanos como horizonte de sentido de nuestras prácticas liberadoras. Esto exige detener la mirada en la calidad de las relaciones ente los actores sociales; sus proyectos de vida; los espacios y agentes (re) socializadores. ¿Cómo entender que tenemos ciudadanos “bien educados”, cuando estos son insensibles, indolentes e incapaces de comprender los problemas de los demás?

Se le deben brindar al ciudadano las herramientas necesarias para que éste pueda abordar su programa individual de vida a través de una educación permanente y trascendente donde se enfatice en los aspectos propios que demanda una pedagogía de lo social. El desarrollo de habilidades personales y colectivas para el aprendizaje; el desarrollo de la creatividad y la innovación; el trabajo interactivo; las competencias para la investigación, la planificación y la evaluación; la formación en principios y valores y el manejo de las nuevas tecnologías, deben convertirse en los elementos omnipresentes y fundamentales de toda empresa educativa actual y en todo proyecto de cultura y convivencia ciudadanas.

Hay que conjugar la experticia de la tradición con los elementos que aporta la “postmodernidad”. Se permitirá así, el surgimiento de categorías y competencias interpretativas, argumentativas, propositivas y comunicacionales que dinamicen y legitimen la parte significante y discursiva de ciencia y tecnología, educación y cultura. El conocimiento se ha convertido en el factor de crecimiento y de progreso más importante y la educación, por ende, en el proceso más coherente y trascendental para asegurar el desarrollo dinámico y sostenible de una comunidad “glocal” determinada. De esta forma se responderá de manera activa, efectiva y decidida a los desafíos de los nuevos tiempos.

Colciencias y la Misión de Sabios lo enfatizan: debemos hacer de la educación un propósito nacional y de la ciencia y la tecnología, sus compañeros inseparables. La nueva agenda educativa debe hacer énfasis en preparar a los agentes educativos para que su mundo académico, cognitivo y vivencial no se convierta en un simple recetario de fórmulas apodícticas, lejos del mundo alterativo y contingente de las experiencias de aprendizaje y que su microcosmos pedagógico, lleno de magia perceptiva y racio – emocionalidad, los convierta en defensores de la vida, escultores del carácter y en solícitos discípulos que contribuyen de manera interactiva y dialógica a auscultar en su sabiduría experencial.

Los expertos concluyen que el fin primordial de la educación es la formación de ciudad y ciudadanía y que una educación pertinente y con calidad es el bien más preciado en los exitosos inventarios de un Estado. Estanislao Zuleta lo ratificaba al afirmar que, mientras estemos convencidos de que hay uno que sabe y uno que no sabe y, que el que sabe va a informar e ilustrar al que no sabe, sin que el otro tenga un espacio para el juego propio de roles, disensiones, inquietudes y decisiones, “la educación es un asunto perdido”. Fernando Savater (“El valor de educar”) nos dejaba bien claro esta argumentación libertaria: “Un buen maestro es aquél que enseña a sus alumnos a prescindir de él”.

Se debe dar relevancia, al interior de las comunidades educativas, a la formación axiológica, empoderadora y psicosocial de los gestores de paz y convivencia. Así se podrían disminuir los niveles de violencia que se viven a diario en el mundo escolar. En dicho proceso formativo y, de manera didáctico – pedagógica, se priorizará el crecimiento personal sobre toda deformación alienante; la diversidad le dará paso a la uniformidad; el crecimiento personal y comunitario harán que cese toda forma obstructiva, enajenante y cosificadora; los ideales de equidad, solidaridad y justicia social se impondrán sobre los postulados oprobiosos de desigualdad, exclusión, desplazamiento forzado y marginalidad.

A lo largo de la historia de la humanidad y al lado del enfrentamiento bélico y en medio de la conflictividad, ha estado de manera discreta o abierta, una cultura de paz y convivencia buscando desaprender del comportamiento agresivo e intolerante; opuesta a aquella postura de los que piensan que la paz no es posible; contraria a aquella creencia que percibe las propuestas pacifistas como simples especulaciones teóricas sumidas en debates bizantinos y quimeras banales donde participan seres con ínfulas de víctimas y que fungen de héroes, mártires o santos. Frente a la unidad en el odio, la violencia, la exclusión y la marginalidad, está la unidad en el servicio, la integración, la justicia, la solidaridad y la democracia.

Cerramos estas reflexiones sobre nuestros imaginarios educativos de paz y convivencia, apostados en el umbral del nuevo año y el decenio, con las palabras del ingeniero y empresario antioqueño Nicanor Restrepo Santamaría plasmadas en su obra “El derecho a la esperanza”. Allí afirmaba: “Es evidente que el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos, el progreso de la educación y la cultura, la apertura de trabajos calificados y el escalamiento del bienestar general, deben estar íntimamente ligados al crecimiento económico y soportan hacia el futuro las bases de una sociedad regida por la justicia social y ajena a las aventuras guerreristas que la han desangrado hasta ahora”.