Miles de afectados por la desaparecida captadora terminaron registrados como dueños de diminutas participaciones de un inmueble en Bogotá. Algunos aseguran que solo descubrieron la situación cuando llegaron cobros de predial o aparecieron obstáculos para solicitar subsidios de vivienda.
Casi dos décadas después del escándalo de DMG, las consecuencias de su liquidación siguen apareciendo para quienes entregaron sus ahorros a la organización. Esta vez, el problema está concentrado en un apartamento de apenas 98 metros cuadrados en el norte de Bogotá que figura a nombre de 4.290 copropietarios.
El inmueble está ubicado en el conjunto residencial Santa Bárbara Norte, en el sector de Unicentro, y terminó dividido entre miles de personas reconocidas como afectadas dentro del proceso adelantado para recuperar y distribuir los activos relacionados con DMG.
La particularidad está en el tamaño de las participaciones. De los 4.290 propietarios registrados, 4.257 tendrían únicamente el 0,023 % del apartamento cada uno. El inmueble registra un avalúo de aproximadamente $461,4 millones, por lo que una cuota de ese tamaño representa alrededor de $106.000.
El monto resulta especialmente llamativo frente a las pérdidas reportadas por algunas víctimas, que aseguran haber colocado entre $20 millones y $50 millones en el esquema financiero.
Se enteraron por el predial
Para algunos de los afectados, el problema no fue únicamente haber recuperado una cantidad mínima de su dinero mediante una participación inmobiliaria.
Varios aseguran que ni siquiera tenían claro que aparecían jurídicamente como copropietarios del apartamento hasta que comenzaron a recibir comunicaciones relacionadas con el impuesto predial o hicieron trámites para acceder a programas de vivienda.
Uno de los casos divulgados corresponde a una persona que afirmó haber recibido un cobro cercano a $3 millones asociado a un inmueble cuyo CHIP no reconocía. Al consultar la situación encontró que su nombre aparecía relacionado con uno de los bienes provenientes del proceso de DMG.
La situación puede tener consecuencias adicionales. Algunos programas de subsidio de vivienda establecen entre sus requisitos que los integrantes del hogar no sean propietarios de otra vivienda en Colombia. En Bogotá, por ejemplo, esa condición aparece actualmente en programas distritales como Reduce tu Cuota.
De esta forma, una participación de muy bajo valor podría convertirse en un problema administrativo para una persona que intenta demostrar que no posee vivienda.
No es la primera vez que ocurre
Expedientes que reposan en la Superintendencia de Sociedades muestran que afectados de DMG habían advertido situaciones similares desde años atrás.
En un proceso judicial conocido en 2020, una persona buscaba que se eliminaran de registros inmobiliarios dos cuotas de propiedades que le habían sido adjudicadas durante la liquidación. Argumentaba que esa condición perjudicaba sus posibilidades de obtener un subsidio de vivienda.
Otro expediente contiene el reclamo de un afectado al que fueron asignadas participaciones extremadamente pequeñas en inmuebles. La persona sostuvo que, lejos de representar una reparación efectiva, esas cuotas podían generarle obligaciones por predial y otros gravámenes.
Incluso existe documentación de 2021 relacionada con un afectado que recibió una participación en un garaje ubicado precisamente en el conjunto Santa Bárbara Norte y que alegaba dificultades para acceder posteriormente a beneficios estatales de vivienda.
¿Cómo terminaron miles de personas como dueñas?
La explicación está en el mecanismo utilizado durante la liquidación.
Según la agente liquidadora María Mercedes Perry, el apartamento intentó ser vendido, pero no fue posible negociarlo dentro del plazo establecido. Ante esa situación, el activo terminó siendo adjudicado directamente entre los acreedores reconocidos dentro del proceso.
Los registros históricos de la Superintendencia muestran la magnitud de ese procedimiento. En junio de 2011 se resolvió la adjudicación de 587 bienes inmuebles pertenecientes al inventario de DMG Grupo Holding y las sociedades vinculadas al proceso.
Además, decisiones judiciales posteriores señalan que quienes recibieron estas propiedades contaban con un plazo para manifestar que no querían aceptar los bienes adjudicados. Una vez realizada la transferencia, los inmuebles dejaron de pertenecer a la liquidación.
En el caso del apartamento de Santa Bárbara Norte, la liquidadora sostiene que la adjudicación quedó en firme y que actualmente no puede simplemente retirar los nombres de quienes aparecen registrados como propietarios. Quienes pretendan desprenderse de su participación tendrían que transferirla o venderla directamente.
Una reparación que terminó convirtiéndose en problema
El caso deja una paradoja: un mecanismo creado para devolver parte de los recursos perdidos terminó dejando a miles de afectados como propietarios de fracciones diminutas de un mismo apartamento.
Para una persona con apenas el 0,023 %, esa propiedad difícilmente representa una vivienda que pueda habitar o administrar individualmente. Sin embargo, su nombre sí aparece jurídicamente asociado al inmueble, con las consecuencias tributarias y administrativas que esto puede generar.
Mientras el proceso de intervención de DMG continúa acumulando años de trámites, el apartamento de Santa Bárbara Norte se convierte en otra muestra de las complejidades que dejó la caída de uno de los esquemas de captación ilegal de dinero más recordados de Colombia.
La Superintendencia de Sociedades informó anteriormente que, con dinero y activos recuperados dentro del proceso, se habían devuelto cerca de $96.969 millones a los afectados, mientras otras propiedades y actuaciones seguían pendientes dentro de la intervención.
Para miles de víctimas, sin embargo, el nombre de DMG continúa apareciendo mucho después de haber perdido su dinero. Esta vez, no por una tarjeta prepago ni por una promesa de rentabilidad, sino por una diminuta fracción de un apartamento que muchos aseguran nunca haber querido tener.
