En el décimo aniversario del plebiscito de 2016, el expresidente Álvaro Uribe hizo un balance crítico del acuerdo firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc y puso el narcotráfico, la violencia y la JEP en el centro de sus cuestionamientos.
Este 2 de octubre se cumplen diez años del plebiscito por la paz, una de las jornadas electorales más determinantes de la historia reciente de Colombia. En aquella votación, los ciudadanos rechazaron por un estrecho margen el acuerdo negociado durante cuatro años entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.
El No obtuvo 6.431.376 votos, mientras que el Sí alcanzó 6.377.482, una diferencia de apenas 53.894 sufragios. El resultado obligó al Gobierno a renegociar algunos puntos del documento y, posteriormente, Santos y las Farc firmaron una nueva versión del acuerdo el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá.
Una década después, el debate continúa vigente y uno de los principales protagonistas de aquella campaña, el expresidente Álvaro Uribe, volvió a pronunciarse sobre los resultados que, desde su perspectiva, dejó el proceso de paz.
Uribe cuestiona el impacto sobre el narcotráfico
A través de sus redes sociales, el exmandatario sostuvo que uno de los principales problemas derivados del acuerdo fue el crecimiento del narcotráfico.
Uribe afirmó que la producción de cocaína pasó, según la cifra que él citó, de 150 toneladas en 2010 a 2.100 toneladas en 2024, y relacionó ese incremento con la violencia generada alrededor de las economías ilegales.
También aseguró que, diez años después del plebiscito, el país debe concentrarse en resolver lo que considera asuntos pendientes del acuerdo, entre ellos el narcotráfico y las condiciones de seguridad en las regiones.
No obstante, estas afirmaciones hacen parte del balance político planteado por Uribe y no significan que exista una atribución única y demostrada de ese comportamiento del narcotráfico al acuerdo de paz. Tras la desmovilización de las Farc surgieron disidencias y otras organizaciones armadas que disputaron territorios y rentas ilegales, entre ellas las relacionadas con el narcotráfico, la minería y la extorsión.
El otro punto de la discusión: la JEP
Uribe también volvió a cuestionar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de los mecanismos creados a partir del acuerdo para investigar y sancionar los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado.
El expresidente manifestó que, desde su perspectiva, los integrantes de la Fuerza Pública han enfrentado situaciones injustas ante esa jurisdicción y respaldó una propuesta del Centro Democrático para que las decisiones de la JEP relacionadas con militares tengan revisión automática por parte de la Justicia Penal Militar.
También cuestionó que los antiguos integrantes de las Farc hayan recuperado sus derechos políticos bajo las condiciones establecidas en el acuerdo.
La discusión sobre la JEP continúa diez años después. Incluso el expresidente Juan Manuel Santos, principal impulsor del acuerdo, ha reconocido recientemente cuestionamientos relacionados con la demora de algunos procesos, aunque ha defendido que la jurisdicción debe contar con el tiempo necesario para cumplir sus objetivos de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Una década después, el debate sigue abierto
El resultado del plebiscito no impidió la implementación del acuerdo. Tras la derrota del Sí, el Gobierno dialogó con los sectores que promovieron el No y modificó el texto antes de su firma definitiva. Posteriormente comenzaron procesos como la entrega de armas, la reincorporación de excombatientes y la implementación de compromisos relacionados con tierras, desarrollo rural, participación política y reparación de víctimas.
Sin embargo, diez años después todavía existen asuntos pendientes y profundas diferencias sobre los resultados alcanzados.
Mientras los defensores del acuerdo destacan la desmovilización de las Farc y la creación de mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas, sus críticos cuestionan la situación de seguridad en varias regiones, el crecimiento de las economías ilegales y el funcionamiento de la justicia transicional.
Así, el aniversario del triunfo del No vuelve a poner sobre la mesa una discusión que permanece vigente en Colombia: qué dejó realmente el acuerdo de paz, cuáles de sus compromisos se han cumplido y cuáles siguen pendientes.
