Por Gonzalo Hugo Vallejo Arcila
En menos de dos años, el Congreso colombiano aprobó cuatro leyes relacionadas con la educación socio–emocional. En julio de 2024 se promulgó la Ley 2383; pocas semanas después la Ley 2414 y, en el segundo semestre de 2025, llegaron las leyes 2491 y 2503. Todas buscarán fortalecer las habilidades emocionales y sociales de niños y jóvenes; mejorar la convivencia escolar y responder a las preocupaciones crecientes sobre salud mental, violencia y bienestar en las escuelas del país. La pregunta que surge no es si el propósito es relevante, sino qué pasará con esa excesiva acumulación normativa, en un país que está acostumbrado a diseñar de manera errátil y miope sus políticas educativas.
La Ley 2383 de 2024 se considera la norma marco. Su enfoque, alineado con estándares internacionales, plantea la educación socio–emocional como un componente transversal del currículo, integrado éste al Proyecto Educativo Institucional, el cual irá acompañado de formación docente, participación familiar y mecanismos de seguimiento, evaluación y control. Reconoce que las competencias socio–emocionales se desarrollan en el seno de la vida escolar. Esta visión coincide con la que promueven organismos internacionales tales como OCDE y CASEL. Allí se entiende el aprendizaje socio -emocional como parte integral del desarrollo humano y un elemento vital constitutivo del proceso pedagógico.
Luego aparece la Ley 2414 de 2024 que, si bien comparte el mismo horizonte de sentido, incorpora un énfasis más preventivo. Aquí la educación socio–emocional se vincula explícitamente con las reducciones de riesgos tales como violencia escolar, consumo de sustancias psicoactivas y los peligros propios de los entornos digitales. La norma reconoce que la escuela enfrenta nuevos desafíos derivados del ecosistema digital y de las tensiones sociales contemporáneas y busca fortalecer herramientas para afrontarlos desde la convivencia y el desarrollo socio–emocional. Un año más tarde, la Ley 2491 de 2025 profundizó en la incorporación explícita del componente socio–emocional a los PEI.
De igual manera, lleva la política desde el discurso a la gestión escolar incorporando enfoques diferenciales y articulaciones intersectoriales. El camino recorrido hasta aquí parece coherente: se trata de promover, prevenir, fortalecer e integrar. Sin embargo, más tarde se promulga la Ley 2503 de 2025 que crea la “Cátedra de Educación Emocional”. Y aquí es donde surge el punto de quiebre: mientras las leyes anteriores insistían en la transversalidad, esta última optó por el camino más fácil y tradicional de la política educativa colombiana: la creación de una nueva cátedra obligatoria que incluye la exigencia de capacitación docente y la creación de una comisión de seguimiento,
La tendencia históricamente es recurrente: creer que los problemas sociales se solucionan añadiendo cátedras y/o asignaturas al currículo. Durante años, frente a distintos desafíos socioculturales, el Estado respondió con propuestas académicas. El resultado: una malla curricular cada vez más recargada: una colcha de retazos en la que cada problema busca su propio espacio en el horario escolar. La intención puede ser de índole procedimental, pero los efectos pedagógicos resultan gravosos y suelen ser problemáticos. El tiempo es limitado en la escuela y cada nueva exigencia compite con áreas fundamentales y con la capacidad real de los docentes para desarrollar procesos intensivos de aprendizaje.
La implementación de una cátedra de educación socio–emocional demuestra los desbordes limítrofes de esta lógica burocrática y academicista. No se aprende en una hora semanal, ni se consolida con un contenido aislado. Se construye en las interacciones cotidianas propias del aula; en la gestión resolutoria y cotidiana de conflictos; en la manera en que se enseña a debatir; en el clima escolar y en la relación entre docentes, estudiantes y padres. Requiere maestros capacitados, equipos de orientación sólidos y, en muchos casos, apoyo psicológico profesional dentro de las instituciones educativas. Convertirla en una cátedra, puede terminar reduciendo algo complejo y sistémico a un requisito formal.
Las cuatro leyes tienen avances importantes. Reconocen la relación entre bienestar emocional y aprendizaje; promueven la formación docente y conectan con tendencias internacionales que entienden la educación como desarrollo integral. El problema surge cuando la saturación legislativa reemplaza la discusión sobre su implementación. Colombia no necesita más normas sobre el mismo tema. Necesita recursos, acompañamiento institucional y asistencia para que las escuelas traduzcan estas intencionalidades en prácticas reales. La rapidez con la que se aprobaron estas leyes revela “raros afanes” en la formulación de políticas públicas educativas en Colombia.
En lugar de consolidar una estrategia nacional consistente y coherente, se avanzó a través de normas análogas que tienen objetivos similares. Los colegios enfrentarán múltiples exigencias normativas sin que exista una hoja de ruta clara para articularlas. La educación socio–emocional es, sin duda, una prioridad. Pero si queremos que sea efectiva, debemos dejar de verla como una cátedra más y empezar a entenderla como una dimensión transversal que recorre toda la orogenia de la vida escolar. La pregunta es si los estudiantes están aprendiendo a base de cláusulas normativas a manejar sus emociones, convivir con otros y tomar decisiones responsables en un mundo cada vez más complejo.
La educación, con su cúmulo normativo, nunca ha sido un hito transformativo. Lo que cambia la escuela son las condiciones reales para enseñar mejor: docentes preparados, prácticas educativas innovadoras, comunidades educativas asistidas y políticas coherentes que entiendan que, formar agentes educativos no es cuestión de sumar cátedras, sino de construir y articular experiencias de aprendizaje significativas, sostenibles y compartidas. Las “diarreas normativas” deshidratan el corpus legislativo así se hable de potenciar habilidades para la vida, competencias emocionales y conductas preventivas que afectan el bienestar socio–emocional y el desarrollo integral.
Esta iniciativa del Ministerio de Educación Nacional nació de la necesidad de atender la creciente problemática de salud mental en niños y adolescentes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima una cifra cercana a los 50.000 niños y adolescentes, entre los 10 y 19 años, que se suicidan cada año. En Colombia, según Unicef, alrededor del 44% de los niños presentan graves problemas de salud mental. La normatividad establece que serán los docentes, cuidadores, trabajadores sociales u orientadores escolares los que estarán a cargo de “dictar” esta materia y recibirán capacitación sobre los temas a tratar, proceso didáctico–pedagógico que será liderado por el propio MEN.
El estado socio–emocional de estudiantes, maestros y comunidades no puede ser ignorada en un país atravesado por múltiples crisis: sociales, familiares, políticas, educativas, económicas, valóricas y ambientales. Frente a este panorama, la educación está llamada a ser un agente transformador. La salud emocional de nuestras comunidades educativas no puede reducirse a una cátedra o asignatura. Ésta se ve afectada por múltiples factores; pobreza, injusticia, inequidad, insalubridad, insolidaridad, y violencia. Por ello se requiere un Estado comprometido menos asistencialista, con instituciones sólidas que acompañen de manera real y sostenible a su población diversa y vulnerable.
Tenemos que hacer realidad aquella consigna que agitábamos hace algunos años, en nuestras febriles charlas pedagógicas con maestros y estudiantes: “Estamos construyendo un nuevo paradigma cultural y educativo sobre eto–pedagogía y gestión socio–emocional… ¡Acompáñanos!”.
