Se abren las puertas de la privatización al Inpec

Luego de la fuga de la excongresista Aída Merlano, el partido Cambio Radical preparó un proyecto de ley que busca eliminar dicha institución y crear otra entidad carcelaria.

Marcela Arboleda Arias – comunitaria@eldiario.com.co

La propuesta pretende liquidar al Inpec y en su lugar crear la Dirección Penitenciaria y Carcelaria (Dipec), la cual quedaría adscrita a la Policía Nacional. La iniciativa la presentarán luego de que sea revisada por el Gobierno y varios sindicatos.

El proyecto propondría eliminar al Inpec, pero los lineamientos serían diseñados por el Estado, dicha supresión debería hacerse en un plazo de dos años a partir de decretarse la ley. La propuesta no le ha caído bien a algunos funcionarios del Inpec que ven en la liquidación de la entidad un negocio.

“Esa sombra de la desaparición de la entidad ha venido desde hace muchos años, hoy en día ha tomado fuerza por la huída de la excongresista, Aída Merlano; además el partido Cambio Radical siempre ha querido que la institución se privatice debido a una serie de negocios que ellos tienen desde la creación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), quién prácticamente tiene paralizado al sistema carcelario. Nosotros en el 2015 denunciamos ante la Contraloría la pérdida de $18.500 millones por parte de la Uspec pero no pasó nada”, dijo Pedro Vargas Barragán, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios de la Cárcel La 40 (UTP) a El Diario.

Corrupción

Juan Sebastián Hernández, investigador de la línea del Sistema Judicial de Justicia indicó que Cambio Radical piensa que con una red institucional va a solucionar los problemas de corrupción que se han presentado dentro de la institución, Así mismo, lo ocurrido con la excongresista ha sido utilizado como una excusa para indicar que la corrupción es el gran problema de la crisis carcelaria, pero no se limita solo a eso.

“Tenemos casos de tortura, tratos crueles y degradantes, exceso del uso de la presión, hay problemas en la prestación en los servicios de salud. La corrupción de algunos guardias es un aspecto más bien pequeño, comparado con los problemas grandes que genera la corrupción, por ejemplo está el tema de la contratación de alimentos que es una violación masiva a los derechos fundamentales, pues estos llegan en estado de descomposición lo que afecta la dignidad humana”, precisó Hernández.

Así pues, la corrupción en el sistema penitenciario se debe abordar de acuerdo a su tipo. Existe la corrupción a nivel de la guardia, es decir, los ‘torcidos’ entre las personas privadas de la libertad y los funcionarios del Inpec, en donde se evidencian sobornos como el caso de permitirles ingresar estupefacientes a los establecimientos, o permitirles hacer fiestas, obtener mejores condiciones entre otras situaciones.

“Este es el tipo de corrupción que se lleva la atención de la opinión pública, pero hay otros modelos de corrupción que son más complejos, está el tema de la contratación, por ejemplo los servicios de alimentación que prestan los privados y que son contratados por la Uspec lo cual incluye los suministros, preparación, transporte, refrigeración, entre otros, no prestan el servicio de manera adecuada, y además se han encontrado roedores, y a pesar de todos los incumplimientos, los contratos son renovados y eso es otro tipo de corrupción”, agregó el investigador de la línea del Sistema Judicial de Justicia.

Si se privatiza

Hay varios inconvenientes con respecto a la privatización del Inpec, pues ya hay muchos servicios que están privatizados. La propuesta podría funcionar para ciertos aspectos de la crisis como es el tema de la construcción de más cárceles con una ejecución eficaz. No obstante, la privatización de la administración de los centros carcelarios sería muy problemática.

Estados Unidos, país abanderado de la privatización, ha realizado estudios que demuestran que los supuestos beneficios de la privatización no se materializan; entre estos se encuentra un ahorro para el Estado en cuanto a la administración de los establecimientos, pero las investigaciones demuestran que las cárceles privadas pueden ser más costosas y que el supuesto ahorro es para beneficio propio y no para el Gobierno, además con el ánimo de economizar, las condiciones de los reclusos pueden ser peores y los hechos de violencia se acrecentarían.

“Si nos liquidan, probablemente sucederían hechos violentos como en el año 1995, donde sacábamos de La Modelo 26 internos muertos, habría una guerra entre ellos porque quedarían estratificados y es lo que se debe evitar. Además si el sistema pasa a manos de la Policía, no habría unión sindical y por decir cualquier cosa nos despedirían”, expresó Pedro Vargas Barragán, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios de la Cárcel La 40.

¿Quién maneja los recursos?

Con la creación de la Uspec, lo recursos de la Inpec se dividieron. La creación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios se creó para reducir riesgos de corrupción, además pensaron que la ejecución de los trabajos serían más eficaces.

“Se pensó en crear una unidad técnica que fuera la encargada de la contratación, que tuviera su propia planta, su propio director; la división fue un intento normativo que trató de resolver algunos problemas, pero fue un experimento institucional que no tuvo buenos resultados”, dijo Juan Sebastián Hernández, investigador de Justicia.

Por su parte, Pedro Vargas, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios indicó que con la creación de la Uspec le quitaron toda la autonomía administrativa y financiera al Inpec. De igual forma, explica que la cara visible, ‘el de los platos rotos’ siempre ha sido el Inpec, cuando detrás de esta institución hay otra que la maneja.

Sobrecarga laboral

Alejandro Moreno Castaño, dragoneante y vicepresidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, ve en la iniciativa un despropósito, pues indica que lo que realmente le hace falta al Inpec es una inyección de recursos, de presupuesto.

“A nivel nacional hemos denunciado claramente la falta de personal y la sobrecarga laboral que tienen los funcionarios, además como algunos recursos han sido privatizados como el tema de la salud, alimentación y cómo a través de la Uspec (a la cual le giran los recursos), no los invierte, tanto así que los directores de la Uspec han terminado investigados y algunos están detenidos por ese mal manejo de los dineros”, precisó Moreno.

La Cárcel La 40 cuenta con 1300 internos, cuando su capacidad es para 649 personas, el hecho duplica la carga laboral de los dragoneantes que son 138 aproximadamente , distribuidos en tres compañías, dos en seguridad y una en los servicios administrativos.

Una posible solución

El Departamento Nacional de Planeación en un documento Conpes que elaboró sobre la crisis carcelaria en el 2015, encontró que la solución a la crisis carcelaria no reside en ampliar el sistema, ni en construir más cárceles; se requiere una reforma a la política criminal que reduzca el uso de la prisión, y es que en Colombia han aumentado las penas de manera desproporcionada y han reducido la aplicación de otras medidas como la prisión domiciliaria o la libertad condicional, entonces cada día entran más personas de las que salen, a parte de la cantidad de sindicados que hay en las cárceles.

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