El Comité de Esclarecimiento ad hoc fue creado mediante el Decreto 1190 de noviembre de 2025 y es un mecanismo independiente y extrajudicial cuya misión es esclarecer las violaciones a los Derechos Humanos durante las protestas entre 2019 y 2021.
El Comité está integrado por un equipo de 12 personas (tres expertos comisionados y nueve de apoyo), este organismo ha recorrido el país para garantizar una escucha directa, digna y segura a las víctimas y sobrevivientes. Tras iniciar su labor en Pereira, ciudad marcada por la violencia letal contra jóvenes, el Comité se prepara para entregar el próximo julio un informe final que no solo documente patrones de represión, sino que ofrezca recomendaciones estructurales al Estado para la reparación y la no repetición.
Mandato para la memoria colectiva
La historiadora Fernanda Espinosa es una de los tres comisionados, ¿cómo se define el rol de este Comité frente a la justicia ordinaria y quiénes lo integran? “Somos un mecanismo independiente y autónomo, creado para documentar hechos y patrones de comportamiento que constituyan violaciones a los Derechos Humanos en contextos de protesta. El Comité está conformado por Maria Clara Galvis y Leyder Perdomo, que son abogados, y yo, que soy historiadora de base y doctora en Ciencias Sociales, trabajé en la Comisión de la Verdad. Nos apoya un equipo que también incluye psicólogos para garantizar la acción sin daño. Fuimos postulados por organizaciones sociales y elegidos por la Defensoría del Pueblo, la Consejería Presidencial para los DD. HH. y la ONU”.
El Comité basa su metodología en la ‘centralidad de las víctimas’. ¿Qué significa esto en la práctica? “Que nuestro trabajo gira en torno a la escucha directa y el contraste de fuentes, buscamos identificar patrones de violación, recoger exigencias de las organizaciones y, sobre todo, permitir que las personas hablen en conjunto por primera vez, lo cual tiene un enfoque sanador y psicosocial. Hemos realizado espacios en Pereira, Medellín, Cúcuta, Bucaramanga, Pasto, Popayán, Bogotá, Cali y Barranquilla, también incluiremos voces del exilio y de personas privadas de la libertad”.
Pereira: el hito del primer espacio
Esta ciudad fue el escenario donde comenzó esta misión en marzo. ¿Qué hallazgos específicos surgieron de este territorio? “Pereira destaca lamentablemente por la violencia letal, particularmente contra hombres jóvenes, estudiantes y trabajadores, cometida en gran medida por sicarios, además de la actuación del denominado ESMAD y la Policía. En este espacio participaron cerca de 30 personas, entre ellas familias de víctimas mortales emblemáticas como las de Lucas Villa Vásquez y Héctor Fabio Morales, un elemento que surgió con mucha fuerza fue la preocupación por la impunidad y la falta de avances en las investigaciones judiciales”.
Hubo un momento de intercambio con instituciones del Estado. ¿Cómo califica la respuesta institucional en esa jornada? “Fue bastante complejo, las víctimas expresaron una profunda desconfianza en los mecanismos formales y una sensación de falta de transformación para garantizar el derecho a la protesta. Instituciones como la Fiscalía, Medicina Legal y la Gobernación asistieron, escucharon y adquirieron compromisos, pero persistieron las dudas sobre el poco avance en justicia y la falta de claridades sobre las garantías para manifestarse”.
Violencias invisibles y el informe final
Más allá de los asesinatos, ¿qué otros patrones de violencia han logrado visibilizar en su investigación? “Documentamos la sistematicidad de la violencia sexual y las violencias basadas en género, que son temas muy poco visibilizados. También estamos analizando las desapariciones de corta duración, detenciones arbitrarias, torturas y el uso indebido del sistema judicial para la criminalización. Es central para nosotros documentar los daños e impactos individuales y familiares a largo plazo, hemos encontrado incluso intentos de suicidio en jóvenes con lesiones o víctimas de violencia sexual debido al no avance de la justicia”.
Se acerca la fecha de entrega, ¿cuál es la estructura del informe y ante quién deben responder? “El informe tiene tres partes: una introducción sobre antecedentes de represión desde la década de 1970, una segunda parte gruesa con la documentación de violaciones específicas (vida, integridad, género, libertad) y una sección final de recomendaciones muy juiciosas para las instituciones del Estado sobre reparación y no estigmatización. Por mandato del Decreto, entregaremos este informe en julio al presidente de la República, a la Mesa de Garantías a la Protesta Social y fundamentalmente, a la sociedad y a las víctimas”.
«Que haya un Comité de Esclarecimiento es importante porque al estar juntas nos van a escuchar más y a medida que vamos hablando, vamos sanando en estos espacios». Estella Vásquez.
