Coronavirus: la mala hora de las finanzas de los departamentos colombianos

Las medidas excepcionales de aislamiento obligatorio decretadas por el gobierno nacional para contener la pandemia desatada por el Covid-19 tiene ad portas de cuidados intensivos a las finanzas de los departamentos colombianos. Los ingresos de estas entidades territoriales, que en muy buena parte dependen del consumo de licores y tabacos, han sido duramente golpeados al punto que los recaudos registran una caída entre el 50 y el 70%. Esta situación obligará a los gobiernos territoriales a recortar gastos, en especial aquellos relacionados con funcionamiento, así como a replantear algunas obras proyectadas para el cuatrienio. En el caso de Risaralda, con un presupuesto proyectado para este año de $500.000 millones, el cual fue adicionado con recursos del balance por $16.200 millones, el panorama no pinta para nada optimista. En diálogo con EL DIARIO, el Secretario Hacienda, Jorge Alexis Mejía Bermúdez, analizamos el impacto del Coronavirus sobre las finanzas públicas.

¿En período enero-marzo cuánto recaudó el departamento de esos recursos?

Los impuestos departamentales, muchos de los cuales que dependen del consumo de licores, tabaco y cerveza, así como los de registro y vehículos, venían teniendo un comportamiento normal y al 30 de marzo habíamos logrado un recaudo de cerca de $30.000 millones, un 3% más que igual período del año 2019.

¿En cuánto está calculado el impacto generado este la crisis?

Desde el mes de abril y debido a la situación que se ocurrió a finales de marzo, se presenta una caída estrepitosa del recaudo de los impuestos departamentales, que en el consolidado nacional está por encima del 45%. Nosotros tenemos impuestos que cayeron en más de un 70% en Risaralda, como los fueron los de Vehículos Automotor, Registro, Consumo de Cigarrillos, Licores, Vinos y Aperitivos. Ahí comenzamos a ver como la caída es el reflejo de que los establecimientos están cerrados, las personas confinadas y los negocios inmobiliarios paralizados puesto que la situación por todos conocida impactaba de manera directa el recaudo de los impuestos de las entidades territoriales.

¿En un escenario optimista de qué proporción será el ajuste que se debe hacer en el presupuesto?

Con la Federación Nacional de Departamentos estamos realizando el ejercicio de proyectar el presupuesto de ingresos al 31 de diciembre, con un posible caída del 50%. Las cifras de los otros departamentos, de alguna manera, nos muestran que tenemos razón y que el escenario más optimista puede llegar a ser ese, pero se puede esperar que sea más negativo esa situación si en este segundo semestre no se logra una reactivación económica para que las personas salgan a consumir y se pueda ver reflejado esto en los ingresos de los impuestos departamentales.

¿De darse esa reducción a qué rubros le piensan echar tijera?

En principio y desde ya el Gobernador de Risaralda ha venido adelantando un ejercicio de austeridad, aunque el decreto del gobierno nacional aún no ha sido expedido. Estamos trabajando en la reducción de los gastos de funcionamiento, el manejo y la contratación de personal, la revisión de ciertas inversiones que se proyectaba adelantar en ciertos sectores. Pero en la medida de lo posible la reducción hay que hacerla empezando por los gastos de funcionamiento.

¿Es posible establecer de qué proporción será ese recorte en el personal?

Nosotros habíamos alcanzado a contratar cerca del 70% del personal requerido para apoyar todas las labores en las diferentes dependencias, pero algunas secretarías solo pudieron contratar este personal por seis u ocho meses lo que quiere decir que en el segundo semestre no se podrán renovar los contratos. Quitarle a un departamento como Risaralda, que recibe $135.000 millones al año por ingresos de libre destinación, el 50% de esos ingresos el impacto es muy fuerte en el gasto y lo que menos podemos es llegar al final del año con un déficit calculado en unos $65.000 millones.

¿Cuál es el impacto del decreto 678 del 20 de mayo 2020 sobre las finanzas de los departamentos?

Los 32 departamentos hemos presentando propuestas al gobierno a través de la Federación Nacional de Departamentos, entre las cuales hay iniciativas muy ambiciosas como que el gobierno nacional le compre la cartera a estos territorios y que  a través del Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, de alguna manera le aporte al ejercicio que estamos haciendo para atender el tema del Covid-19 y el déficit del sector de la salud. Sin embargo, mientras se expidan otras medidas este decreto, por el cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de los departamentos en el marco de la emergencia económica, social y ecológica, nos permite reorientar rentas de destinación específica para financiar gastos de funcionamiento hasta el 2021. Hasta ahora los decretos que el Presidente ha expedido habían facilitado reorientar algunas rentas de destinación específica pero para el manejo del Covid-19 en materia de salud.

¿En cierta forma el decreto 678 abre otras posibilidades a las rentas territoriales?

Este decreto permite llevar recursos de esas rentas de destinación específica a rubros de funcionamiento, porque hay departamentos que se están quedando sin con qué pagar la nómina. También aborda el tema de los créditos de tesorería y los créditos que se harían para la reactivación económica. Además toca con los límites que establece la ley 617 en virtud de la cual las Contralorías tienen hoy tantas dificultades para operar y los departamento se ven en calzas prietas para transferir el 100% de los recursos que necesitan para funcionar. Y nos permite generar otro tema importante: la recuperación de cartera, mediante alivios tributarios para los deudores del impuesto de vehículos. Creemos que con estas medidas de alguna manera se empiece a revisar el tema de la gran dificultad que tienen los departamentos en cuanto a sus gastos de funcionamiento, además permite que el 100% de la sobretasa al ACPM se quede en los departamentos y no vaya el 50% para Invías. También realizar desahorros en el FONPET (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales) para aquellas entidades que hayan superado más del 125% de ese ahorro para destinar a gastos de funcionamiento.

¿En cuánto a la inversión en obras ya se ha definido qué se va a sacrificar?

Tanto la Secretaría de Infraestructura como las que tienen algunas obras, deberán esperar cuál es el comportamiento del presupuesto al final del año, pero unas de esos frentes deberán quedar aplazados. Igual el Plan de Desarrollo que el Gobernador presentó a la Asamblea Departamental y que será aprobado la semana entrante, presenta una reducción importante en lo que tiene que ver con la inversión de los recursos de libre destinación. Por esa razón, este Plan de Desarrollo implica mucha gestión para sacar adelante iniciativas como el hospital de cuarto nivel y otros proyectos.

¿Esta situación obliga de nuevo a buscar nuevas fuentes de ingresos para los departamentos?

La Nación debe estar haciendo un ejercicio muy importante sobre cómo van a seguir avanzando estas entidades territoriales, porque desde hace muchos se ha visto con que estos entes vienen estando bastante afectadas e incluso se ha pensado en la supresión de algunas de ellas. Si ahora no se les extiende la mano a los departamentos, de nuevo puede haber un ejercicio de reestructuración administrativa que podría reducirlas a una mínima expresión. El gran reto de los gobernantes que les tocó vivir esta situación de pandemia es buscar otras fuentes de financiación porque con los impuestos actuales es muy difícil que un departamento pueda mostrar niveles de inversión importantes.

¿Esto podría llevar a la desaparición de algunos departamentos?

En el 2021, que es cuando se proyecta la parte más crítica de esta situación, no sabemos el gobierno nacional qué va a hacer con las entidades departamentales, pero sí nos parece que va a haber una reestructuración administrativa tanto entre los departamentos como en los municipios, porque estos también presentan una gran afectación por la caída en los recursos de los impuestos predial y de industria y comercio.

¿También se verá afectada la ejecución del Plan de Desarrollo 2020-2023?

A pesar de la situación se planteó un plan de desarrollo con una inversión de dos billones 106.000 millones de pesos, lo que es mucho más alta que la del gobierno anterior por encima del 40%, dado que incluye el proyecto del hospital de cuarto nivel que es una inversión de $400.000 millones, unas inversiones de más de $350.000 millones con recursos de regalías.

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