Ernesto Amézquita Camacho, abogado con especializaciones en derecho de familia, penal y penal internacional y estudios de doctorado en desarrollo y seguridad humana, es el nuevo Procurador Regional de Risaralda. El funcionario ha sido jefe de personal de la Universidad Francisco José de Caldas, conjuez, miembro del Tribunal de Orden Público, magistrado de la Corte Electoral, profesor universitario, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Litigantes y Procurador Regional en el Valle, Caldas y Quindío. Con Amézquita Camacho, quien acompañó al actual Procurador Fernando Carrillo en el proceso de la Séptima Papeleta y es un declarado promotor de la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible, hablamos sobre sus retos al frente de la Procuraduría Regional.

¿Cuáles son sus expectativas como Procurador Regional?
Mis expectativas son continuar en la defensa de los ideales y del plan estratégico 2017-2019 del Procurador General de la Nación, que además de una revolución interna en la Procuraduría en cuanto a la eficiencia, es un despacho de puertas abiertas, ciudadana, con los pies en el territorio y el corazón del lado de las víctimas del conflicto armado, una Procuraduría moderna y eficiente. Mis objetivos son continuar en la lucha por la ética, la transparencia, contra la corrupción, y buscando que en Risaralda convirtamos en realidad el principio de cero tolerancia al delito, a las malas prácticas y costumbres políticas. Sobre todo este año que es un año electoral en donde aspiramos a sacar adelante el libre ejercicio del sagrado derecho al voto de todo ciudadano, sin ningún tipo de componendas, sin coimas, como tampoco en los contratos que celebre la administración pública y que la Ley de Garantías se cumpla.

¿Cómo van a actuar frente al debate electoral?
La democracia y el estado social de derecho se deben respetar para ejercer libremente y no con presiones de cualquier índole o de los delitos electorales, como el trasteo y la compra-venta de votos, el fraude electoral y todo este tipo de cosas que empañan nuestro estado social de derecho. Son esas situaciones las que venimos a perseguir y a buscar la manera de que este sea un departamento en donde haya una democracia limpia y una contratación pública transparente. Además, que las personas lleguen a los cargos por méritos y no por recomendaciones politicas, por compadrazgos, por amiguismos o por nepotismo.

¿Habrá mano firme en el ejercicio de esas facultades?
A mí no me temblará la mano para sancionar al responsable, al delincuente, para desvincular de su actividad pública a la persona que viole el Código Único Disciplinario, pero tampoco me temblará para absolver al inocente, puesto que nosotros nos guiamos por unos preceptos garantistas donde priman el debido proceso, la presunción de inocencia y donde las personas y los abogados puedan ejercer libremente su derecho a la defensa y al ejercicio profesional.

¿Es decir: no a la corrupción, sí a la ética?
Cero tolerancia a la corrupción y defensa de la ética y la prevalencia de los principios y los valores. La crisis de la corrupción, fundamentalmente, es de caracter cultural, es un problema que viene desde el hogar, la escuela, el colegio y la universidad. Muchos de los altos personajes que aparecen inmersos en los grandes procesos o investigaciones pertenecen a las llamadas mejores universidades. Entonces ¿qué está pasando? Aquí tenemos un problema endémico que corroe todas las estructuras internas de nuestra democracia.

¿La Procuraduría tiene la potestad de sancionar a los funcionarios de elección popular?
La Corte Constitucional decidió que el Ministerio Público tiene facultades para investigar, sancionar, desvincular y tomar todas las medidas que sean necesarias contra aquellos funcionarios que han sido elegidos por voto popular, es decir, por vía del constituyente primario. Eso es la respuesta a algunas demandas presentadas, en concreto contra el artículo 45 del Código Único Disciplinario que tiene como lema “Ser corrupto, no aguanta”. Ese artículo de la Ley 734 del 2002 se había demandado porque se pensaba que era contrario al espíritu de Convencion Americana de Derechos Humanos. Pero queda claro que la Procuraduría tiene plenas facultades para sancionar alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y todos los elegidos por la vía del voto popular.

¿Qué cambios implica el nuevo Código Único Disciplinario?
A partir de mayo el nuevo código tiene algunos efectos. Yo ante todo soy penalista y mi vida la he dedicado a la defensa del derecho penal y de los derechos humanos, así que celebro que el nuevo Código Único Disciplinario tenga varias modificaciones, pero sobre todo que acerque mucho más al garantismo del Derecho Penal. Por ejemplo en todo lo relacionado con los principios rectores del Derecho Penal garantista de que tanto habla el maestro italianao Luigi Ferrajoli y se deja de lado una visión culpabilista que muchas veces establece que todo el procesado es culpable hasta que él demuestre lo contrario, cuando la carga de la prueba le corresponde es al Estado.

¿En este momento cuántos procesos cursan en su despacho?
Tenemos 785 procesos en curso, de ellos 654 investigaciones de orden disciplinario y 131 de naturaleza preventiva. Para mí es vital la acción preventiva de la Procuraduría, es decir más vale prevenir que tener que sancionar. Y por eso en toda mi actuación fundamental, sin descuidar por supuesto la parte disciplinaria y sancionatoria, trabajo muy a fondo en la prevención. Y comparto el criterio de que es mejor educar al niño que tener que sancionar al adulto. En ese sentido el nuevo Código va a ayudar muchísimo.

¿Es posible darle curso a esa cantidad de procesos?
En esta materia estamos frente a una preocupación que es el tema de la prescripción y de la caducidad, si no logramos hacer una estrategia de contingencia y de descongestión frente a la cantidad de procesos que tenemos. En la Procuraduría del doctor Carillo se ha devuelto la credibilidad en este despacho, entonces todo el mundo viene a formular quejas, también mediante anónimos, y eso ha hecho que se aumente el volumen de trabajo. Así que sino tomamos medidas de emergencia posiblemente se vaya a caer en tener que aplicar prescripciones a algunos procesos y eso conduciría a la impunidad. No queremos que ello suceda y por eso estamos trabajando intensamente para que no haya que archivar casos por prescripción o por cadudicad.

¿Qué porcentaje de esos casos está en esta zona de riesgo?
Un 20 %. Pero así sea un solo caso, para nosotros es muy significativo.

¿Qué puede esperar la comunidad de su ejercicio?
Yo le hago un llamado a la comunidad para que confíe en la Procuraduría General de la Nación, esta es una nueva Procuraduría, que como lo ha dicho el doctor Carrillo tiene los piés en los territorios, que escucha y es participativa, está abierta a toda clase de quejas y denuncias sin importar el nivel político o el grado que se tenga a nivel de poder. Para alguien como yo que no tiene origen político ni padrinos ni recomendaciones, vengo a cumplir aquí un propósito y como servidor público antes que esperar ser servido vengo a servir.

¿Y cuál es ese propósito?
Mi propósito es sanear las costumbres de esta región, abrir una esperanza que permita fortalecer la democracia y el estado social de derecho, denunciando y persiguiendo al delito, a los infractrores de las normas disciplinarias y, ante todo, que la Procuraduría sea un órgano de control y de vigilancia, imparcial y garante del ejercicio de la libertad, los derechos humanos y la posibilidad de que se pueda denunciar a alguien sin importar el cargo que tenga y ahora que se aproximan las elecciones vamos a estar preparados para enfrentar los delitos electorales. Toda esa depuración y esa asepsia es la que venimos a tratar de implementar.

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