Por Harold Salazar
Colombia necesita un liderazgo sustentado en inteligencia, diálogo, rechazo a los fanatismos extremos y una visión de futuro que respete la pluralidad y la libertad de pensamiento.
Una de las principales promesas de campaña fue reducir el tamaño del Estado en un 40 %. Sin embargo, el proyecto de presupuesto mantiene prácticamente intacta su estructura, salvo la desaparición del Ministerio de la Igualdad. Según el borrador, la reducción sería cercana al 1 %. La percepción de que el nepotismo y las lealtades políticas prevalecen sobre la capacidad técnica resulta especialmente preocupante. Gobernar no debería ser repartir cuotas entre amigos y seguidores, sino escoger a los mejores para servir al país.
El gobierno anterior fue cuestionado por sus numerosos cambios de funcionarios. El actual supera rápidamente esa marca, con movimientos en entidades como el Banco Agrario, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la ANI, el DNP y el MinTIC. Algunos casos han generado cuestionamientos que deberían ser aclarados públicamente, pues las preferencias sexuales son el carácter decisorio. La sucesión de cambios transmite una preocupante sensación de improvisación, falta de planeación e incertidumbre institucional.
En materia social, entregar balones a una población golpeada por la destrucción, el hambre y el desempleo resulta desconcertante. Las emergencias requieren alimentos, vivienda, empleo, atención psicosocial y reconstrucción, no gestos mediáticos.
Las recientes medidas y ataques a la prensa en el primer mes de este gobierno constituyen censura indirecta y vulneran la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a la información. En tres semanas, tres hechos concretos crean la alarma: cierre de 20 emisoras de paz; la instrucción que limita las ruedas de prensa a medios afines al Gobierno; la cancelación intempestiva del programa de Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo en Blu Radio; la expulsión del periodista y caricaturista Vladdo de RCN, y para no extenderme solo en este punto, el director del DANE ya no podrá dar las ruedas de prensa explicando los resultados de sus informes. La llamada “batalla cultural” tampoco puede convertirse en una cruzada contra la diversidad. Los artículos 7º y 19º de la Constitución protegen la diversidad cultural y la libertad de cultos. Colombia no necesita pensamiento único ni guerras ideológicas; necesita instituciones que garanticen que podamos pensar diferente sin convertirnos en enemigos.
La designación de personas con posiciones ideológicas radicales en cargos relacionados con la reconstrucción de nuestra ciudad, genera dudas. Esta no puede ser un ejercicio de “yo con yo”, ni convertirse en instrumento de clientelismo y propaganda. Los colectivos cívicos independientes deben ejercer seguimiento, vigilancia y auditoría ciudadana, garantizando transparencia y criterios técnicos.
Colombia necesita más transparencia, capacidad técnica, diálogo y respeto por quienes piensan diferente.
Porque cuando un gobierno contradice rápidamente sus promesas, cambia funcionarios sin suficientes explicaciones y confunde gestión pública con militancia ideológica, censura los medios, la ciudadanía tiene el derecho y el deber de preguntar, cuestionar y vigilar.
