En Colombia, cada elección del Congreso representa una oportunidad para que los ciudadanos ejerzan uno de los derechos más importantes de la vida democrática: elegir a quienes elaborarán las leyes y ejercerán control político sobre el Gobierno. Sin embargo, el verdadero espíritu de nuestra democracia no se agota en el acto de votar.
La Constitución Política de Colombia de 1991 define a Colombia como una “democracia participativa”, lo que significa que los ciudadanos no solo eligen a sus representantes, sino que también tienen el derecho, y la responsabilidad, de participar, vigilar y controlar la gestión pública.
El voto es el primer paso, pero la participación debe continuar con observación rigurosa de los ciudadanos a la actuación de sus congresistas, revisando si cumplen sus compromisos, y ejercen control social sobre las decisiones que se toman en su nombre.
Cuando muchas campañas electorales estuvieron colmadas de promesas que suenan atractivas, pero que no siempre son realizables por los congresistas, porque su cumplimiento no corresponde a sus atribuciones, es importante entender qué funciones tienen realmente los senadores y los representantes.
La Constitución establece algunas iniciativas legislativas que sólo pueden ser presentadas por el Gobierno nacional, lo que significa que un congresista puede debatir, modificar o incluso rechazar estos proyectos cuando llegan al Congreso, pero no puede presentarlos por su propia iniciativa. Por esta razón, los ciudadanos deben escuchar con atención las promesas de campaña. Cuando un candidato promete, por ejemplo: bajar o eliminar determinados impuestos, cambiar directamente los salarios de los empleados públicos o, impulsar reformas administrativas que solo puede proponer el Gobierno, es importante recordar que esas decisiones no dependen exclusivamente de un congresista.
Elegir bien implica conocer las propuestas, pero también comprender las reglas del sistema político y, después de votar, continuar la tarea: hacer seguimiento a los proyectos de ley, exigir rendición de cuentas, participar en espacios ciudadanos y vigilar el uso de los recursos públicos; son derechos, pero también obligaciones, de los ciudadanos.
Con ese espíritu de participación en la vigilancia para preservar y fortalecer la transparencia electoral, VIGÍA Cívica ha aceptado el encargo de la Misión de Observación Electoral – Colombia de coordinar los observadores ciudadanos que actuarán en Risaralda durante la jornada de elección del Congreso de la República de Colombia. Para ello ha seguido de cerca la gestión preelectoral en el Departamento, en diálogo con autoridades, organismos de control y misiones internacionales que, desde la Unión Europea y las Naciones Unidas en Colombia, han llegado a la región para acompañan el proceso.
Lo hacemos porque consideramos que, en la democracia real, el poder no pertenece solo a quienes gobiernan, pertenece, ante todo, a los ciudadanos que eligen, observan y participan.
