María Irma Noreña
Una casa también puede convertirse en una vitrina. Después del terremoto, hay personas que guardan en sus habitaciones la ropa que antes vendían en un local. Conservan su mercancía, sus conocimientos y las ganas de salir adelante.
Para ellas, una conexión a internet puede significar una venta, el mercado de la semana y la posibilidad de empezar de nuevo.
Pienso en esas familias cuando hablamos de reconstrucción. Levantar paredes es fundamental. Recuperar la capacidad de trabajar, sostener un hogar y confiar en el mañana también lo es. Una región recupera su fuerza cuando su gente vuelve a encontrar oportunidades.
Esa convicción inspiró el proyecto de ley 10A: Día de la Unión por Colombia, que radicamos junto con la representante Franyela Bermúdez y el respaldo de doce congresistas coautores.
Queremos honrar a las víctimas y reconocer la solidaridad que nos sostuvo. También queremos que esa unión siga acompañando la recuperación y que por ningún motivo permitamos que el país se olvide de las víctimas.
Vale la pena recordar que, el 11 de agosto, desde Pereira, el Presidente de la República anunció un alivio de tres meses en servicios públicos para los afectados por el terremoto y el no cobro para viviendas inhabitables. Reconozco los esfuerzos del Gobierno Nacional y acompaño ese propósito. Por eso he pedido a los ministerios de Hacienda, Minas y Energía y Vivienda acelerar su materialización: concretar los recursos y la normatividad necesaria, coordinar los registros de damnificados con las empresas prestadoras y definir una fecha clara de aplicación. Una factura de doscientos mil pesos representa una carga enorme para quien intenta recuperar su sustento.
Con el mismo propósito, solicité a la ministra TIC apoyar la continuidad de los programas de conectividad que alcaldías y gobernaciones han sostenido para sus comunidades. La emergencia presiona los presupuestos territoriales y necesitamos sumar esfuerzos para mantener esas conexiones.
Hoy internet permite vender, estudiar, hacer trámites y trabajar, incluso cuando se ha perdido un local.
También llevé al ministro de Justicia, Cancino, la preocupación de los abogados afectados. He escuchado a profesionales que perdieron sus oficinas, sus viviendas y sus herramientas de trabajo. Le pedí revisar cómo apoyar la recuperación del servicio de justicia y contribuir, desde sus competencias y respetando la autonomía judicial, a superar dificultades que retrasan los procesos. Detrás de cada oficina hay familias cuyo sustento depende de poder ejercer su profesión.
Estas gestiones comparten una convicción: ayudar a las personas a recuperar su autonomía fortalece a toda la región. Risaralda, Caldas, Quindío, Chocó y Valle del Cauca necesitan recuperar ingresos, empleos y oportunidades para seguir aportando al país.
Eso significa para mí la Unión por Colombia: poner nuestras capacidades al servicio de los demás, hasta que volver a empezar se convierta en la alegría de volver a salir adelante.
