Harold Salazar A.
En estos tiempos de crisis, después del terremoto, cualquier anuncio parece venir acompañado de las palabras “unidad”, “trabajo en equipo” o del recurrente “todos”. Palabras políticamente correctas que, sin embargo, pierden sentido cuando quienes deberían estar representados terminan siendo los grandes ausentes.
Es necesario incorporar expertos en reconstrucción, pero hay una diferencia fundamental: reconstruir no es lo mismo que refundar. El verdadero debate debería ser si queremos simplemente levantar lo que había o aprovechar la tragedia para corregir, transformar y construir un nuevo tejido social, con una ciudad más justa, resiliente y preparada para el futuro.
El llamado Fondo Milagro (y aquí empieza la politiquería), presentado como una entidad creada por el Ejecutivo para manejar la crisis y articular esfuerzos con organismos públicos, constructoras, aseguradoras, sector financiero y “la comunidad”, plantea una pregunta elemental: ¿quién es realmente esa comunidad?
También participa la Sociedad de Mejoras Públicas–ProRisaralda, cuya junta reúne representantes de diversos sectores institucionales y sociales. Pero la pregunta sigue vigente: ¿quiénes representan realmente a la comunidad en estas instancias y quién los escogió?
Si hablamos de unidad y trabajo en equipo, deberían estar allí los damnificados, microempresarios, tenderos, dueños de talleres de motos y pequeños hoteles y demás micronegocios afectados por el terremoto. Ellos representan más del 80 % del sector empresarial y son parte fundamental del tejido social de la ciudad. ¿Han elegido a sus representantes? ¿Pueden fiscalizar, evaluar y opinar? ¿Tienen voz y voto o simplemente son el “todos” utilizado para legitimar decisiones tomadas por otros?
Ya se habla de ayudas para CO&TEX, empresa de gran tamaño y vinculada empresarialmente con Arturo Calle, señalado como financiador de la campaña del actual presidente. Sin desconocer sus necesidades, cabe preguntar: ¿debe ese apoyo ser prioritario frente a los pequeños empresarios, muchos de ellos sin seguros ni capacidad financiera para enfrentar las pérdidas?
Tampoco pueden olvidarse las familias que perdieron sus viviendas o tuvieron que desalojarlas y ahora enfrentan arriendos elevados (¿Solidaridad?) ¿Están representadas en las instancias de reconstrucción? ¿Tienen voz y voto? ¿Pueden ejercer veeduría sobre los recursos destinados a sus barrios y viviendas? Aparentemente, no.
Porque al observar estas instancias aparece una vieja fotografía de nuestra vida institucional: los mismos “cacaos” de siempre, autodesignados o delegados por el político de turno para hablar en nombre de todos. Entonces, las preguntas son inevitables: ¿unidad para quién? ¿Trabajo en equipo entre quiénes? ¿Reconstrucción decidida por quiénes?
La verdadera unidad comienza cuando quienes perdieron su vivienda, negocio, empleo o patrimonio tienen un lugar real en la mesa donde se toman las decisiones. Los damnificados no pueden ser únicamente destinatarios de ayudas: deben ser protagonistas de la reconstrucción.
Y queda para una próxima columna el tema central: refundación antes que reconstrucción.
