Rodrigo Ocampo
La condena de tres cazadores a un total de catorce años de prisión por haber dado muerte a una guacharaca, ave colombiana en peligro de extinción, fue anunciada como un precedente ejemplar sentado por la juez séptima penal del circuito de Neiva. Por supuesto que la sentencia está respaldada en las normas que protegen el medio ambiente y la ley está para cumplirse. Pero cuando al tiempo de esa ejemplarizante providencia la fiscal general suspendía las órdenes de captura contra veintitrés jefes de pandilla condenados por asesinatos, extorsiones y violaciones, cuando el presidente informa que ha interceptado las comunicaciones de un candidato opositor como si nada, o cuando Sandra Ramírez Lobo quién por años suministró menores de edad como objeto sexual a los jefes de la guerrilla ha sido nombrada presidenta de la comisión de derechos humanos del senado, es hora de preguntarse si los valores de la sociedad en la que estamos viviendo son los que debemos legar a las nuevas generaciones. A primera vista la solución de los casos anteriores parece asimétrica; llevar a prisión y arruinar con multas a tres cazadores por ejercer una actividad arraigada en la cultura rural por siglos no puede tener una sanción mayor que la conducta de la guerrillera Ramírez a quién se castigó con doce años como senadora, ni cambiar la cárcel por nombramientos burocráticos a los extorsionistas basados en vagas promesas de no ser malos. Pero está ocurriendo. Si esos son la justicia y los valores que nos esperan en el futuro, la posibilidad de quedar en manos de robots con inteligencia artificial ya no parece tan abrumadora.
