Sebastián Arango Náder
En medio de las discusiones alrededor de la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027, se ha dado un debate sobre la financiación de la Justicia Especial para la Paz (JEP). El anuncio del Gobierno Nacional de recortar recursos, como se ha hecho con otras entidades del Estado, fue recibido por algunos sectores defensores de esa jurisdicción como un ataque a la institucionalidad derivada del Acuerdo de Paz de 2016. El Gobierno, por su parte, ha defendido la reducción con el argumento de que es necesario priorizar los recursos de la justicia ordinaria.
En el marco de ese debate, la JEP parece estar agilizando actuaciones, en lo que parece ser una estrategia para demostrar la eficiencia que se le viene reclamando desde hace un tiempo. Entre esas decisiones destaca la llamada a “versión libre” a la exsenadora del Partido Comunes, Griselda Lobo, o alias “Sandra Ramírez”, por reclutamiento de menores y violencia sexual. La Sala de Reconocimiento busca esclarecer, entre otros asuntos, el papel que tuvo Lobo dentro de la organización, su eventual capacidad de influencia o poder de facto y su posible conocimiento o intervención en las violencias cometidas dentro de las filas guerrilleras.
Una “versión libre” en la que se esperaría que la honorable exsenadora Lobo respondiera por los aterradores y aberrantes testimonios que Deisy Dorelly Guanaro, una víctima acreditada ante la JEP, ha expuesto sobre reclutamiento forzado, secuestro y abusos sexuales de los que fue víctima por las FARC. Actos en los que, según cuenta la entonces menor de edad, la señora Griselda habría obligado a grupos de niñas reclutadas y abusadas a desfilar en ropa interior frente a los miembros del Secretariado de esa guerrilla, para después ser violadas. Todo ello en El Caguán, mientras se mantenían los supuestos diálogos de paz, mencionando como uno de sus abusadores al también exsenador alias Pablo Catatumbo.
No podemos olvidar que esta misma señora Lobo, denunciada por Deisy Dorelly Guanaro, ocupó durante ocho años una curul en el Senado de la República y, para ser más condenable el asunto, fue elegida vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias de esa corporación en marco de 2026. ¿Cómo puede una persona señalada por una víctima de hechos tan graves haber ocupado, hasta hace apenas unos meses, una posición de dirección en una comisión del Congreso dedicada precisamente a los derechos humanos? Esperamos que alias Sandra Ramírez responda por sus actos. Sin embargo, los antecedentes con los mandos de las FARC en el marco del Acuerdo parecen favorecerla. Sin embargo, en medio de las discusiones presupuestales, llama la atención que solo hasta ahora, cuando se enfrentan a un posible problema en su financiación, la JEP haya avanzado, por lo menos, en el llamado a esta “versión libre”. En una entrevista radial, uno de los abogados de la organización promovida por Deisy Dorelly Guanaro para la defensa de las víctimas de las FARC, indicaba las amenazas a las que se han visto expuestos por denunciar a la honorable exsenadora. Sin embargo, en defensa del respeto, la dignidad y la justicia frente a las víctimas, ya es hora que caiga su disfraz de oveja.
