Sebastián Arango Náder
Desde la campaña electoral se ha discutido sobre la conveniencia de que el próximo presidente de la República tenga una segunda nacionalidad. El debate alcanzó otro nivel, hace unos días, cuando el candidato derrotado condicionó el reconocimiento del nuevo mandatario a que renunciara a esa ciudadanía, al considerar que representa un riesgo para la soberanía nacional. Todo indica que estamos ante un nuevo intento del hoy sector oficialista, convertido en oposición tras las elecciones, por deslegitimar un resultado que se produjo dentro de las reglas constitucionales y que arrojó un legítimo ganador.
Son varios los aspectos que llaman la atención de esta postura. En primer lugar, la Constitución Política de Colombia permite que un colombiano por nacimiento que haya adquirido una segunda nacionalidad pueda ejercer la Presidencia de la República. Así lo han señalado los tribunales y expertos en derecho constitucional. Sin embargo, este argumento parece insuficiente para quienes hoy exigen al presidente electo renunciar a la ciudadanía que adquirió.
Hay, además, un hecho difícil de ignorar. El actual presidente también posee una segunda nacionalidad adquirida. Esa circunstancia no despertó ninguna preocupación entre quienes hoy denuncian un supuesto riesgo para la soberanía. Ni durante la campaña de hace cuatro años ni a lo largo de su mandato se planteó que esa condición comprometiera la independencia del Estado colombiano. Sin embargo, este antecedente tampoco parece modificar la posición de quienes utilizan la cuestión de la nacionalidad para poner en duda la idoneidad del presidente electo.
Se argumenta que el problema es la defensa de la soberanía nacional. No obstante, el ordenamiento jurídico colombiano admite expresamente la doble nacionalidad, incluida la adquirida por adopción, tanto para el presidente saliente como para el entrante. También es cierto que, al obtener una nueva ciudadanía, ambos debieron prestar el juramento previsto por el ordenamiento jurídico del Estado que los naturalizó. Presentar ese compromiso como una circunstancia excepcional o exclusiva de uno de ellos constituye una interpretación incompleta de los hechos.
Dicho esto, cabe una pregunta distinta: ¿es deseable que el presidente de la República, cualquiera que sea su orientación política, tenga una segunda nacionalidad? Ese es un debate legítimo. Pero es una discusión que debería darse en un contexto en el que no intentar usarse como un recurso para desconocer el resultado de unas elecciones o cuestionar la legitimidad de un mandatario cuya elección se ajustó plenamente al marco constitucional. Resulta difícil sostener ese argumento cuando el propio líder político de quienes hoy lo promueven gobernó durante cuatro años en las mismas condiciones jurídicas y prestó, al igual que el presidente electo, el juramento exigido por el país que le concedió la ciudadanía.
