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martes, julio 23, 2024

Un debate impopular

Es tendencia

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Adriana Vallejo

Columnista

Un artículo incluido en el proyecto de ley “por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones” generó una gran polémica en los medios de comunicación.

El artículo dispone lo siguiente: “el que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de 60 a 120 meses y multa de 13.33 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal. Cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o exfuncionario público o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece…”

Para la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) el artículo atenta contra la libertad de prensa y no es necesaria la creación de un régimen especial o “privilegiado” para los funcionarios públicos porque la injuria y la calumnia ya existen como delitos. También consideran que la aprobación del artículo puede derivar en la eliminación de las veedurías a los funcionarios del Estado por temor a las consecuencias y a los costos de los procesos judiciales.

Sí todo el periodismo fuera serio en el país, el tema no ameritaría discusión, sin embargo, la realidad es diferente, con las redes sociales se multiplicaron los medios de comunicación virtuales especulativos y extorsivos, algunos dedicados a perseguir funcionarios públicos. Algunos de esos medios viven de la pauta oficial y de presionar funcionarios para obtenerla.

El artículo puede ser innecesario porque la norma existente protege el buen nombre de todas las personas, incluyendo los funcionarios públicos, sin embargo, muchos de los afectados no tienen tiempo o dinero para demandar a los calumniadores o a los injuriosos, además, después de circular las mentiras o las verdades a medias en las redes sociales el daño contra el buen nombre de la persona o sus familias ya está hecho.    

El debate debe abrirse tanto para proteger la libertad de expresión como para proteger el derecho a la honra y al buen nombre de los funcionarios públicos.

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