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martes, julio 23, 2024

TRISTE TRIUNFO DE FECODE

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Jaime Cortés Díaz

De los proyectos animados por el gobierno en su plan programático, el de educación era una consigna prioritaria en el sentido de crear y facilitar el acceso a la población, especialmente a la juventud que, según su propia expresión, fue la fuerza del triunfo del Pacto Histórico en su llegada al manejo del país. De esta suerte se ha repetido la promesa de ampliar en quinientos mil nuevos puestos el discurrir educativo y lograr más recursos mediante un proceso legislativo adicional, en el Sistema General de Participaciones, aunque la dificultad en el momento es de grandes huecos fiscales, la ejecución presupuestal de la Nación a mayo se asomó al 29.9 por ciento en funcionamiento e inversión, significando que de 206 billones de pesos comprometidos, solo se cumplió el 41 por ciento, o sea, se predicaba como deseo pero la realidad mostraba otro hecho y, ahora, la cuestión es más compleja. De allí se reflejaba desarrollar el artículo 9 de la ley 115 de 1994 sobre el derecho fundamental a la educación consagrado en la Constitución del 91 para su respectiva reglamentación. Hasta aquí, sin eso, no se había perdido nada, pero para el Gobierno haber colocado en su haber la aparente fructividad de su percepción para cumplir la normativa, sin poder alegar “bloqueo a sus iniciativas”, pues, los 19 senadores de la Comisión Primera votaron al unísono, previa convergencia, lo cual extirpaba el ambiente de pugnacidad existente y mejoraba notablemente el contenido del texto. Faltaba una etapa para coronar la meta y  salta en paro Fecode en alusión al papel de involucrar en la reforma al magisterio en los denotativos de calidad formativa, haciendo valer a la administración central sus aportes financieros en la campaña, su militancia ideológica y a su respaldo político (no en vano la ministra del Trabajo fue anteriormente senadora de esa agremiación sindical) con lo cual se cayó la estatutaria, resentida además por el caso de la atención de la salud al profesorado y sus familias. Esos resquicios electorales son más fuertes a los factores del bien común y al mandato constitucional que, al decir de Ana María Ibáñez del BID “expone el problema de la crisis de aprendizaje que no deja avanzar a países como Colombia, pues la mayoría de los adolescentes no han adquirido las habilidades básicas que necesitan para participar plenamente de la sociedad”. 

Los maestros tienen razón al expresar “que la evaluación debe ser formativa, es decir que no debe tener ninguna sanción por mala calificación”. Ni tampoco, agregamos, por la negatividad disciplinaria de estudiantes al cabal aprendizaje. También hay que revisar el método pedagógico y las condiciones adecuadas en la transmisión del conocimiento; surge aquí el papel de la academia en la preparación de los docentes. “La evaluación -contestaba el ponente doctor Luna- permitía que los maestros que cumplían con su labor tuvieran un criterio adicional para ascender rápido gracias a sus habilidades; nuestro acuerdo lo permitía. La evaluación premiaba el talento docente (…)”. 

Fecode lo malogró al ser irresistible su veto ante el Gobierno. Lo triste es convertir a la ministra Aurora Vergara, en víctima propicia.

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