¿Y ahora quién podrá defendernos?

Jaime Cortés Díaz
Columnista

No se trata de un cuento chapulinesco, sino de una realidad que vive a cada momento el colectivo nacional por causa de la inseguridad y el deslinde jurídico. Y no es una situación nueva, solo que se resalta periódicamente ante circunstancias que conmueven a la opinión y logran una amplia difusión en los distintos y medios de comunicación. Recobran la libertad sujetos judicializados para seguir delinquiendo con mayor tranquilidad ante la sucesiva repetición para no hablar de reincidencia frente al debate de utilizar el vocablo únicamente para quienes han recibido sentencias condenatorias, pero que a la larga por el resultado, da lo mismo ya que el daño se presenta de manera consuetudinaria.

En razón de lo dicho, el exmagistrado y catedrático Jaime Arrubla ha declarado que en el país “la política criminal se volvió demasiado tolerante, demasiado garantista y prácticamente los criminales están recuperando la libertad muy fácilmente…” pide “un sistema que permita la resocialización del delincuente pero no reincidencia”. Y es que dicho sistema tiene tantas fallas como se observa en los vencimientos de términos procesales que hacen obtener la libre movilidad. Lo mismo se puede anotar del otorgamiento de casa por cárcel a redomados maleantes so pretexto “de no ser peligro para la comunidad”. Y para que no se argumente este tipo de franquicia, se requiere de cárceles y centros de detención suficientes para evitar los crueles hacinamientos que tiene el régimen penitenciario.

A todas estas pesadumbres se suman las inquietudes llevadas a la Corte Constitucional sobre la legalidad de las requisas que efectúa la policía, por la pretensión de prohibirlas porque el contacto físico del procedimiento misional y preventivo, viola la intimidad de las personas ¡Vaya descaro! De igual manera se debate si el uso de las cámaras de vigilancia utilizadas en vías y sitios públicos, atenta contra el habeas data si no se tiene autorización de los que allí quedan registrados. Hablando de la Corte hay preocupación por la sentencia acerca de la inaplicación de las fotomultas por lo que no se puede verificar con la tecnología actual la identificación del conductor, lo que incrementará la siniestralidad vial que atenta contra la seguridad de bienes y personas, ya que no se podrá en lo sucesivo imponer fotocomparendos sobre las placas del vehículo.

¿Y de la defensa propia de los ciudadanos qué? Se discute el caso del médico que haciendo uso de su arma autorizada dio de baja a tres delincuentes con antecedentes que lo hirieron con la intención de atracarlo. Este hecho de legítima defensa y otros casos similares, se han prestado para poner por parte de algunos la duda de actuar ante la inminencia de un ataque verificado a la sombra. Fue dramático el asalto que mató a la esposa de un cantante en Fusagasugá, quien pudo desarmarlo y con el mismo instrumento neutralizó de muerte al homicida.

Dicen que la salida es fortalecer la institucionalidad, pero la problemática está lejos de ese anhelo por causa de una normatividad laxa de la que se aprovechan los maleantes y de un aparato inoperante manchado se corrupción. De otro lado y ante la incertidumbre de una estructura de protección que no tiene en cuenta que la teoría de la seguridad es la defensa de la sociedad, el presidente Duque dijo en la posesión del general Zapateiro como comandante del Ejército, que “el año tendrá que ser el año de la mejor consolidación de la seguridad en el territorio”.

Pero un mes después el alto oficial presenta a la familia de “Popeye”, capo de sicarios del narcotráfico, sus “sentidas condolencias” y lamenta “mucho su partida”. Estas palabras han desconcertado a la opinión, pues pareciera una apología de uno de los más sanguinarios asesinos de la historia colombiana, aunque, en beneficio de la duda, se piensa que el General lo hizo en un momento de despiste, sin tinte malicioso.
De todas maneras la población espera la acción presidencial para creer que el 2020 sea “de esperanza para todos los colombianos, porque la seguridad es un valor democrático…” (y) es un bien público…”, tal como lo expresó el primer mandatario.