Se puede seguir avanzando

Adriana Vallejo
Columnista

La semana pasada miles de mujeres en América Latina revivieron el debate sobre el derecho fundamental de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado. En Argentina reclamaron “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Se congregaron al frente al Congreso de Argentina y en más de cien ciudades de las provincias argentinas. En Ciudad de México ocurrió lo mismo.

En Colombia el tema también ha hecho parte del debate público como consecuencia de la ponencia del Magistrado Alejandro Linares, que debe empezar a estudiar la Corte Constitucional y que propone despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo antes de la semana 16 de gestación. Después de esa semana siguen vigentes las tres causales descritas en la sentencia C-355 de 2006, cuando se ponga en riesgo la salud de la madre, el embarazo sea producto de un abuso sexual o cuando exista malformación en el feto.

El país ha logrado, gracias a la Corte Constitucional, avances en el reconocimiento de los derechos a la vida, a la salud, a la intimidad, a la integridad y a la dignidad de las mujeres. Lamentablemente, en otras naciones como en El Salvador el aborto es prohibido completamente y en otras las barreras son casi que insuperables.
Si la tesis del magistrado Linares es aceptada por la mayoría de los integrantes de la Corte Constitucional, Colombia logrará avanzar en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y será un importante referente para el resto de los países de América Latina, en donde los movimientos políticos, basados en dogmatismos e ideas religiosas, han limitado los derechos de las mujeres, desconociendo que es una dura decisión que solo a ellas les compete.

La Corte Constitucional fundamentará su sentencia en criterios científicos y desde una postura laica. La ponencia ya está soportada en diferentes estudios técnicos y evidencia científica sobre la evolución de un embrión. Aunque este tema es complejo, en la interpretación del artículo 4.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos se precisan, entre otros, los conceptos de «persona», «ser humano», «concepción» y claramente no se le reconoce al embrión el estatus jurídico de persona.

Por último, no tiene ninguna justificación del partido de gobierno el reclamo a la Corte Constitucional para reglamentar asuntos de esta naturaleza, cuando el Congreso de la República ha demostrado su incapacidad para legislar en temas con trasfondo moral o temas impopulares.